Dólares del colchón: los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal
(NA) – El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, normativa que introduce cambios en el esquema tributario y penal con el objetivo de incentivar la declaración de ahorros no registrados y modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
Con la publicación del decreto reglamentario, quedó formalmente en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que establece nuevas reglas para la determinación del impuesto a las Ganancias y reduce los controles sobre el patrimonio personal, a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La ley introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial, y propone un esquema de fiscalización centrado exclusivamente en los ingresos facturados.
Los ejes centrales de la reglamentación
Uno de los aspectos principales de la norma es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
Entre sus características se destacan:
- Blindaje patrimonial: quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones vinculadas a incrementos patrimoniales ni a sus niveles de consumo.
- Impuesto por facturación: ARCA calculará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados. El aumento del patrimonio o los gastos personales no podrán ser utilizados como indicios de evasión.
- Efecto liberatorio: según lo establecido en el artículo 39, el pago en término del impuesto determinado libera al contribuyente de reclamos posteriores, salvo que se compruebe la omisión de ingresos facturados.
Nuevos umbrales penales y plazos de prescripción
La ley también actualiza los montos a partir de los cuales un incumplimiento tributario se considera delito penal, elevando de manera significativa los pisos de punibilidad:
- Evasión simple: de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos.
- Evasión agravada: de 15 millones de pesos a 1.000 millones de pesos.
- Prescripción: el plazo se reduce de cinco a tres años.
Extinción de la acción penal y sanciones
La reglamentación detalla, además, los mecanismos para regularizar deudas sin la apertura de causas penales:
- Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez.
- Pago con recargo: si la denuncia aún no fue presentada, la acción penal podrá extinguirse mediante el pago de la deuda más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
- Multas por incumplimientos: como contrapartida a la reducción de controles patrimoniales, se incrementarán las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones fuera de término.
Desde el Ejecutivo señalaron que la reglamentación apunta a acelerar la exteriorización de activos y promover la inversión privada, en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer las reservas y ampliar la base de contribuyentes bajo el nuevo esquema fiscal.
