La Suprema Corte suspendió una ordenanza y quedó en el centro de una fuerte disputa política en General Alvear
Un conflicto político e institucional que se desarrolla en el vecino distrito de General Alvear sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió intervenir formalmente en la disputa entre el intendente Ramón Capra (UCR) y el Concejo Deliberante, suspendiendo los efectos de las ordenanzas que habían congelado aumentos salariales para funcionarios y limitado determinadas bonificaciones.
La decisión del máximo tribunal bonaerense llegó luego de una presentación realizada por el propio jefe comunal alvearense, quien denunció un conflicto de poderes y pidió la nulidad de las ordenanzas 2685/2026 y 2687/2026, aprobadas por el Concejo mediante el mecanismo de insistencia tras un veto del Ejecutivo.
La controversia tiene origen en la paritaria municipal acordada el pasado 10 de marzo. Según expuso Capra ante la Corte, se había convenido una actualización salarial del 10% para los trabajadores municipales, distribuida en cuatro incrementos del 2,5% entre marzo y junio. Sin embargo, al tratar el aumento correspondiente a mayo, el Concejo Deliberante introdujo modificaciones que excluyeron del incremento a la categoría 4 ingresante, congelaron hasta octubre los salarios del intendente, concejales y funcionarios no alcanzados por la Ley 14.656 y limitaron bonificaciones.
En el escrito presentado ante la Suprema Corte, el intendente sostuvo que «no cabe duda alguna que el Honorable Concejo Deliberante local invadió una esfera en la que se encuentra vedada su intervención, como así también desconoció el acuerdo paritario celebrado».
La demanda también cuestiona los argumentos utilizados por la mayoría opositora para avanzar con los cambios. Capra afirmó que «más que un argumento técnico, los fundamentos resultan una noticia periodística» y sostuvo que las modificaciones introducidas carecen de respaldo técnico y financiero.
Uno de los aspectos más llamativos de la presentación es que el propio intendente relativiza el impacto económico de la medida. Según señaló ante el máximo tribunal, las diferencias generadas por la ordenanza representarían alrededor de 7,5 millones de pesos sobre un presupuesto municipal cercano a los 16 mil millones de pesos.
Qué dijo la Suprema Corte
Al analizar la demanda, la Suprema Corte entendió que el caso encuadra dentro de los conflictos de poderes previstos por la Constitución bonaerense y resolvió darle trámite.
En la resolución, los jueces señalaron que Capra sostiene que la ordenanza cuestionada «resulta nula por implicar un avasallamiento de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades en materia de administración del personal municipal».
El tribunal también ordenó correr traslado de la demanda al presidente del Concejo Deliberante de General Alvear para que responda los planteos dentro de un plazo de cinco días.
Además, hizo lugar al pedido formulado por el Ejecutivo y resolvió suspender provisoriamente las normas cuestionadas. La parte resolutiva establece: «Suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de las ordenanzas 2.685/26 y 2.687/26, dictadas por el Concejo Deliberante de General Alvear».
Un conflicto que trasciende lo salarial
Más allá de la discusión sobre aumentos y bonificaciones, el expediente pone sobre la mesa una disputa de fondo entre el Ejecutivo y el Legislativo alvearense respecto de los límites de sus atribuciones.
De hecho, en su presentación judicial, Capra remarcó que «el Departamento Ejecutivo gobierna (administra), con la responsabilidad que ello implica (rendir cuentas), y el Deliberativo controla o fiscaliza», argumento central sobre el que construyó el conflicto de poderes.
Ahora será la Suprema Corte la que deberá definir si el Concejo Deliberante actuó dentro de sus facultades o si, como sostiene el intendente, avanzó sobre competencias reservadas al Departamento Ejecutivo.
