Opinión | La vacuna no admite disputas políticas
Por: Sergio Di Pino
La llegada a Olavarría de las primeras 450 vacunas contra el coronavirus despertaron un sentimiento generalizado de esperanza, a pesar de las dudas, más o menos fundadas, que algunos pocos puedan tener sobre la eficacia de la opción rusa, en comparación con las demás variantes de la industria farmacéutica.
No solo porque la prioridad de uso, para esas primeras dosis, se centra en el personal de salud, de incansable labor en primera línea de la lucha contra la enfermedad, sino por el efecto simbólico que representa el inicio de un plan de vacunación masivo, en el deseo de dar vuelta la página y sortear el enorme flagelo provocado por la pandemia.
Hasta allí es sentido común y hay poco lugar para el debate. Pero, como ocurre en casi todos los aspectos de la vida social, la noticia también trajo aparejada una dimensión estrictamente política, en términos de relaciones de poder y lucha por el liderazgo. Y, en ese terrero, los consensos suelen desdibujarse un poco.
Antes que nada, corresponde dejar bien en claro, que el plan de vacunación está centrado en los lineamientos y las decisiones adoptadas por los gobiernos Nacional y Provincial, como una política de salud pública. Si bien estas disposiciones marcan la cancha, los actores políticos locales también juegan y cumplen un rol en el territorio.
La primera imagen que los olavarrienses tuvieron del arribo de las vacunas llegó mediante una fórmula que el Frente de Todos repitió a lo largo del año: foto y anuncio en la cuenta de Twitter del subsecretario de Minería de la Provincia y ex candidato a intendente de Olavarría, Federico Aguilera, replicada en todos los medios de comunicación de la ciudad.
Aunque algunos anuncios del funcionario suelen quedar lejanos a la “esfera minera” y hasta son objeto de críticas en las redes, el mensaje político y comunicacional de su espacio político es clarísimo y parece reforzar nuevamente una idea central: los referentes locales del kirchnerismo son los interlocutores preferentes – y casi excluyentes- de los gobiernos nacional y provincial con Olavarría. O muy por encima, al menos, de la formalidad institucional que existe entre un estado provincial y un municipio de signo opositor, o de la buena relación circunstancial que el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, pueda tener con el intendente Ezequiel Galli.
Sobran ejemplos. Anuncios de obras, bajada de programas sociales y hasta novedades que descomprimieron conflictos laborales en el distrito. ¿Hay mérito político? Sí y mucho. Pero en el caso puntual de la vacunación, donde el tema central es la salud pública, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Aquí también es aplicable esta fórmula? ¿Se puede prescindir o minimizar la participación de algún nivel del estado ante una problemática tan sensible? Pareciera que sí, aunque con tintes menos dramáticos que en la vecina ciudad de Azul, donde llovieron cartas, debatieron sobre los freezers y hasta hubo desmentidas y desmentidas de las desmentidas.
A la inversa, también es necesario problematizar la postura de la gestión municipal que encabeza Ezequiel Galli. Aunque considere que su nivel de injerencia en el plan de vacunación es bajo ¿debe asumir un rol pasivo y atado a un ‘si me llaman colaboro’? ¿No debe el estado municipal sensibilizar a la población a inscribirse en el registro público para la vacunación a través de alguna campaña informativa? ¿No debe exigir mayor participación y poner a disposición toda la estructura del estado local?
La primera personalidad pública en advertir esa situación, fue la ex concejala Margarita Arregui: “No sé, me parece, no importa quien trae la vacuna, quien la baja del camión, lo importante es que se trabaje en conjunto para vacunar según las dosis que llegaron. No sé juega con eso” lanzó en sus redes sociales.
Si hacemos una breve reseña, la señal inicial de “cortocircuito” entre la dirigencia política se vislumbró hace semanas, con una conferencia de prensa sobre el plan de vacunación a implementarse en Olavarría que encabezó el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi. Estuvieron autoridades de IOMA, PAMI y del Hospital de Oncología. La ausencia, por demás llamativa, fue de autoridades municipales de la cartera de salud.
El desconcierto se observó, de forma más contundente, en las primeras declaraciones públicas del secretario de Salud municipal, Germán Caputo, ni bien se conoció la noticia del arribo de las vacunas. “Tenemos pocos datos” confesó, al tiempo que se ubicó en un rol bastante secundario: “nosotros ponemos todo a disposición si tenemos que colaborar” dijo.
A las pocas horas de ese testimonio, el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, brindó una conferencia de prensa en el Hospital de Oncología, junto a autoridades del nosocomio provincial. Nuevamente, no hubo presencia de autoridades municipales. El anuncio, además de la promesa de una reunión posterior con autoridades sanitarias locales, dejó otro dato. Al menos en una etapa inicial, la cámara de frío, adquirida en una buena parte con donaciones de clubes locales para el almacenamiento de las vacunas, “no se va a utilizar”, señaló el funcionario.
Esta evidente falta de articulación entre las distintos actores del sistema público de salud, también quedó plasmada en la reciente entrevista que concedió a En Línea Noticias, el secretario de Salud Germán Caputo: “Quiero creer que no es un tema político (…) Creería que es un despropósito no utilizar la logística que tiene el sistema público municipal que se fue formando con los años y no es un invento. Nosotros tenemos esa logística para decir muchachos acá está la cámara de frío’. Es un despropósito no utilizarlo” afirmó.
La campaña de vacunación será un desafió histórico en todo el país y apenas está comenzando. Requerirá de un plan estratégico y de una coordinación global que involucre a todos los niveles del estado. A cada dependencia, a cada funcionario o actor del estado que pueda colaborar. La vacuna no admite disputas políticas. Debe ser una estrategia de salud pública, equitativa, federal, solidaria y que apunte, por encima de todo, al bienestar colectivo de la ciudadanía argentina.
