Confirmaron la prisión preventiva de un hombre de Olavarría en una causa por violencia de género
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la prisión preventiva dictada contra un hombre domiciliado en Olavarría, imputado por los delitos de coacción, amenazas y desobediencia, en el marco de una causa vinculada a hechos de violencia de género.
La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Carlos Paulino Pagliere y Damián Pedro Cini, quienes declararon improcedente el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificaron lo resuelto por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Olavarría.
Según surge del fallo, los hechos investigados ocurrieron durante el año 2025 y se desarrollaron en un contexto de conflictividad sostenida entre el imputado y su ex pareja, con quien tiene una hija en común. La causa reúne distintos episodios de amenazas, actos de coacción y reiterados incumplimientos de medidas judiciales que le prohibían mantener contacto con la denunciante.
Los magistrados señalaron que algunas de las conductas atribuidas al imputado habrían tenido lugar en ámbitos vinculados a actividades cotidianas de la menor, entre ellos el jardín de infantes al que asiste, lo que motivó la intervención de personal docente y la posterior actuación policial. Estos elementos fueron valorados por el tribunal para analizar la posible influencia del imputado sobre la víctima y otros testigos.
La defensa había solicitado la revocación de la prisión preventiva al considerar que los delitos imputados resultan excarcelables y que no existían riesgos procesales concretos. También propuso la aplicación de medidas alternativas, como reglas de conducta o arresto domiciliario.
Sin embargo, la Cámara entendió que en el caso subsisten peligros procesales que justifican la medida cautelar. En particular, tuvo en cuenta la reiteración de desobediencias a órdenes judiciales, la existencia de antecedentes penales del imputado —incluida una condena firme por hechos de similar naturaleza— y el estado de temor manifestado por la denunciante.
En ese marco, los jueces concluyeron que la eventual libertad del imputado podría derivar en un riesgo de entorpecimiento de la investigación o de elusión de la justicia, motivo por el cual consideraron proporcionada la prisión preventiva dispuesta, teniendo en cuenta además que, ante una eventual condena, la pena podría ser de cumplimiento efectivo.
Con esta decisión, el expediente será remitido nuevamente al juzgado de origen para continuar con el trámite de la causa conforme a la normativa procesal vigente y a la legislación aplicable en materia de violencia de género.
