Escándalo sexual en la Legislatura bonaerense: cómo operaba la «Orden de la Luz»
Con información de DIB
Una causa judicial de alto impacto sacude por estas horas a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, tras la detención de dos empleados acusados de integrar una presunta organización de características sectarias que habría operado durante casi una década para captar, someter y abusar sexualmente de distintas víctimas.
Las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata, a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción platense, al considerar acreditada la reiteración de los hechos denunciados, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal de los imputados.
De acuerdo a la investigación, la presunta organización —denominada “Orden de la Luz”— habría utilizado espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento y captación de las víctimas.
Las primeras denuncias se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. Según consta en el expediente, el encuentro se habría producido en un domicilio particular y habría derivado en un abuso sexual. En 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada por Rodríguez a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.
A partir de ese período, la fiscalía sostiene que los hechos dejaron de ser aislados y comenzaron a evidenciar una estructura de dominación organizada. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación necesaria de Silva Muñoz, señalada como pieza clave en la captación y el sometimiento psicológico de las víctimas.
Según los testimonios incorporados a la causa, durante 2017 se habría conformado formalmente la denominada “Orden de la Luz”, con una lógica cerrada, jerárquica y coercitiva. Rodríguez era presentado como una figura con supuestos atributos divinos bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.
Las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes, amenazas y mensajes intimidatorios enviados por medios digitales. Para la fiscalía, esta estructura funcionaba como una herramienta concreta para anular la voluntad, generar dependencia emocional y sostener relaciones de sometimiento prolongadas en el tiempo.
Otro de los ejes centrales de la investigación es la utilización de la militancia política y de ámbitos estatales como vía de captación. Según la hipótesis fiscal, algunas víctimas accedieron a puestos dentro del Senado bonaerense u otras dependencias públicas, pero debían entregar parte de sus ingresos bajo el argumento de “sostener la militancia”. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo.
La investigación describe que, a partir de 2018, el control se habría profundizado mediante prácticas coercitivas, episodios de violencia física y la continuidad de los abusos sexuales, algunos de los cuales se habrían extendido hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y formalizar las denuncias.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el pasado 29 de diciembre por la noche. Ambos se negaron a declarar ante la Justicia y se ordenó su traslado a una alcaldía departamental. En paralelo, se realizaron allanamientos y se secuestraron dispositivos electrónicos, armas blancas y material digital considerado relevante para la causa.
El expediente reúne hasta el momento al menos cinco víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo estricta reserva. Para la fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que se trató de una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados, utilización de estructuras estatales y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria.
