Confirmaron la prisión preventiva de un olavarriense acusado de integrar una red de venta de droga al menudeo
Por la redacción de En Línea Noticias
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría en el marco de una investigación por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de venta en la que están imputadas dos mujeres (madre-hija) y un hombre.

Precisamente a este último le confirmaron la prisión preventiva y lo identificaron en el expediente como Maximiliano José Izarriaga.
La resolución se vincula con una causa que, según la pesquisa judicial, investiga una presunta estructura dedicada al narcomenudeo en Olavarría y que ya había derivado en distintos procedimientos y allanamientos realizados en la ciudad.
El fallo de Cámara rechazó el recurso presentado por la defensa particular del imputado, que había cuestionado la existencia de riesgos procesales suficientes para sostener la medida de coerción.
Entre otros argumentos, la defensa sostuvo que el acusado ya se encontraba detenido en otra causa, que poseía domicilio fijo y que había cumplido sin inconvenientes anteriores medidas de arresto domiciliario.
Sin embargo, los jueces de la Cámara entendieron que seguían vigentes los riesgos de fuga y confirmaron la prisión preventiva. “La gravedad de los delitos imputados como el monto de pena en expectativa constituyen parámetros válidos (…) como para presumir la concurrencia de un peligro procesal de elusión del proceso”, sostuvo en su voto el juez Gustavo Agustín Echevarría.
La resolución remarcó que el delito atribuido prevé una escala penal elevada y que la situación procesal del imputado no encuadra dentro de los supuestos excarcelatorios contemplados en el Código Procesal Penal bonaerense.
Además, la Cámara ponderó elementos incorporados en la investigación, entre ellos la presunta participación coordinada de varias personas y el secuestro de más de treinta gramos de cocaína. “No puedo pasar por alto, que quien nos ocupa posee otra causa en trámite por el mismo delito (…) en la que se hallaba cumpliendo una medida de coerción morigerada al momento en que los hechos aquí imputados se habrían desarrollado”, señaló Echevarría.
Para el magistrado, esa circunstancia, sumada a antecedentes condenatorios computables, permite presumir que el acusado podría incumplir eventuales condiciones judiciales en caso de recuperar la libertad.
En otro tramo del fallo, el juez sostuvo que la expectativa de una pena de efectivo cumplimiento puede funcionar como incentivo para intentar eludir el accionar judicial. “La posibilidad de un encierro prolongado tiende a funcionar como un condicionamiento psicológico que determina al ser humano (…) a tratar de evitarlo por todos los medios”, expresó.
La Cámara también descartó el argumento defensista referido al comportamiento procesal previo del imputado. “Ahora es dable presumir qué diferente ha de ser su actitud cuando por el avance de la investigación y de la prueba de cargo, se lo priva de su libertad”, indicó el magistrado en la resolución.
Finalmente, los jueces consideraron que la prisión preventiva mantiene proporcionalidad respecto del tiempo de detención ya cumplido y resolvieron confirmar íntegramente la medida dispuesta en primera instancia.
