La Cámara Penal cuestionó la «identificación» del autor en un robo y modificó una condena de un olavarriense
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul revocó parcialmente una condena dictada por el Juzgado Correccional de Olavarría al concluir que no existían pruebas suficientes para atribuirle a un hombre uno de los dos robos simples por los que había sido condenado.
Los jueces de la Cámara de Azul entendieron que la identificación del acusado no alcanzaba el grado de certeza exigido para una sentencia condenatoria y, como consecuencia, redujeron la pena de un año a ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento.
La resolución revisó una sentencia dictada el 13 de abril de este año, mediante juicio abreviado, que había condenado al imputado por un robo simple en grado de tentativa y dos robos simples consumados cometidos en Olavarría durante julio de 2025. Además, se había dispuesto su declaración de reincidencia.
La defensa apeló la decisión al sostener que la participación de su asistido en uno de los robos no había sido acreditada de manera fehaciente. El planteo terminó encontrando recepción favorable en la Cámara.
Un video que no alcanzó para identificar al acusado
El núcleo de la discusión estuvo en la autoría de uno de los robos simples. Al analizar la prueba reunida durante la investigación, los camaristas concluyeron que los elementos utilizados para vincular al acusado con ese hecho resultaban insuficientes para sostener una condena.
Uno de los aspectos centrales fue la filmación incorporada al expediente.
Los jueces advirtieron que el material no correspondía a la grabación original obtenida por la cámara de seguridad del comercio afectado, sino a una filmación realizada con un teléfono celular sobre una pantalla en la que se reproducían esas imágenes.
Para la Cámara, esa circunstancia tenía relevancia porque afectaba la calidad del registro y limitaba seriamente las posibilidades de identificación.
Según se indicó en el fallo, aun cuando en algunos momentos podía observarse parcialmente el rostro de la persona que ingresó al local, la calidad de la imagen, la distancia desde la cual había sido captada y las propias características de la grabación impedían realizar una identificación certera.
Los magistrados incluso compararon el video con la fotografía incorporada al legajo de antecedentes del acusado y concluyeron que no podían advertirse rasgos físicos distintivos, características particulares ni elementos objetivos de individualización que permitieran afirmar con certeza que se trataba de la misma persona.
Las dudas sobre una supuesta venda
Otro de los elementos utilizados durante la investigación había sido la presencia de una aparente venda en una de las manos de quien aparecía en las imágenes. La acusación consideró que ese detalle constituía un indicio relevante para identificar al autor.
Sin embargo, la Cámara tampoco encontró suficiente solidez en ese argumento. Los jueces señalaron que la existencia de la supuesta venda no podía apreciarse con claridad durante toda la secuencia.
Explicaron que mientras al momento del ingreso podía advertirse algún elemento claro sobre una de las manos, posteriormente se observaba al sujeto retirándose del lugar llevando un teléfono celular con esa misma mano.
Por ello sostuvieron que las imágenes no permitían establecer con certeza si realmente se trataba de una venda o de algún otro elemento.
Incluso señalaron que podría haber sido un trozo de tela utilizado para manipular los vidrios rotos del acceso al comercio y evitar cortes.
El reconocimiento policial bajo análisis
La sentencia de primera instancia también había valorado el reconocimiento efectuado por un efectivo policial que aseguró haber identificado al acusado porque lo conocía de actuaciones previas.
Sin embargo, para la Cámara esa circunstancia tampoco alcanzó para disipar las dudas.
Los jueces destacaron que las limitaciones propias de la filmación impedían corroborar objetivamente esa identificación.
En uno de los párrafos más significativos de la resolución, el juez Carlos Pagliere advirtió que la observación de lo que aparentaba ser una venda, sumada a las características generales del hecho investigado, podría haber influido en la apreciación realizada por el funcionario policial.
«No sería de extrañar que la visualización de lo que podría semejar a una venda al ingreso, más la modalidad delictiva y características similares, hayan inducido al oficial a realizar un reconocimiento erróneo», sostuvo el magistrado.
La Cámara remarcó que aun cuando el reconocimiento hubiera sido realizado de buena fe, la imposibilidad de validarlo mediante elementos objetivos impedía otorgarle la contundencia necesaria para sostener una condena penal.
La versión defensiva y el beneficio de la duda
Los camaristas también tuvieron en cuenta que el acusado había negado su participación en ese robo al ejercer su defensa durante la investigación.
De acuerdo con el fallo, esa versión tampoco pudo ser descartada de manera concluyente por la prueba reunida en el expediente.
Por ese motivo entendieron que subsistía una duda razonable acerca de la identidad del autor. «Las limitaciones que presenta el material fílmico, la insuficiencia de los elementos invocados para sustentar la identificación del autor y la ausencia de circunstancias objetivas que permitan corroborarla impiden alcanzar un estado de certeza positivo acerca de la participación» del acusado en ese robo, señalaron.
A partir de esa conclusión, la Cámara aplicó los principios de inocencia e «in dubio pro reo», resolviendo dejar sin efecto la condena correspondiente a ese delito.
Rechazaron los planteos sobre reincidencia
La defensa también había cuestionado la declaración de reincidencia y la utilización de antecedentes condenatorios para agravar la pena.
En ambos casos, la Cámara rechazó los planteos.
Los jueces sostuvieron que valorar una condena anterior no implica volver a sancionar un hecho ya juzgado, sino ponderar que una persona vuelve a delinquir pese a haber atravesado previamente por una condena penal.
Asimismo, descartaron la inconstitucionalidad de la reincidencia y recordaron que tanto la Suprema Corte de Justicia bonaerense como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han avalado reiteradamente ese instituto.
También rechazaron el argumento vinculado al plazo transcurrido desde la condena anterior. Según explicaron, la pena previa había sido de cinco años y seis meses de prisión, por lo que todavía no se había cumplido el término legal necesario para excluir los efectos de la reincidencia cuando ocurrieron los hechos juzgados en esta causa.
De un año a ocho meses de prisión
Aunque la Cámara descartó la responsabilidad del acusado en uno de los robos simples, confirmó la condena por los otros dos delitos que habían llegado a juicio: un robo simple en grado de tentativa y un robo simple consumado.
Los jueces también mantuvieron la declaración de reincidencia, las costas y las restantes disposiciones de la sentencia de primera instancia.
Sin embargo, entendieron que la eliminación de uno de los delitos atribuidos obligaba a adecuar la respuesta punitiva.
Por ese motivo resolvieron reducir la condena originalmente fijada en un año de prisión de efectivo cumplimiento y establecer una nueva pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento.
