“La universidad pública se defiende”
El documento leído en Olavarría durante la Marcha Federal Universitaria
La multitudinaria movilización realizada este martes en Olavarría en defensa de la universidad pública tuvo su cierre en el Paseo Jesús Mendía con la lectura de un documento conjunto en el que la comunidad universitaria cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre una situación “crítica” en las casas de estudio de todo el país.
El texto, titulado “Cuarta Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, fue leído en simultáneo en distintas ciudades argentinas donde se desarrollaron movilizaciones impulsadas por universidades nacionales, gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles.
En el documento, las universidades públicas señalaron que el sistema universitario atraviesa una crisis presupuestaria profunda debido a la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada. “El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico”, sostuvieron.
La declaración también incluyó datos sobre el deterioro presupuestario. Según indicaron, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que calificaron como una reducción “inédita” de los recursos destinados al sostenimiento del sistema.
Otro de los ejes centrales del pronunciamiento estuvo vinculado a la situación salarial de docentes y no docentes. Durante la lectura se afirmó que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30%, mientras que los salarios aumentaron un 147,30%, lo que representó una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%.
“La situación ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, señalaron, al tiempo que advirtieron sobre renuncias de trabajadores, reducción de dedicaciones y crisis en las obras sociales universitarias.
El documento también alertó sobre el impacto del ajuste en las políticas de acompañamiento estudiantil. Allí remarcaron que becas nacionales como Progresar y Manuel Belgrano permanecen congeladas o desfinanciadas, situación que —según expresaron— profundiza las desigualdades y expulsa estudiantes del sistema universitario.
Además del reclamo presupuestario, el texto tuvo un fuerte tono político e institucional. La comunidad universitaria acusó al Poder Ejecutivo de desconocer la división de poderes al no aplicar una ley sancionada por el Congreso y desoír fallos judiciales que ordenan su implementación.
“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, expresaron durante la lectura.
En el tramo final, el documento reivindicó el rol histórico de la universidad pública argentina como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo nacional. También incluyó un pedido directo a la Corte Suprema para que intervenga y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La jornada de protesta se desarrolló en simultáneo con movilizaciones en distintos puntos del país y volvió a mostrar una amplia convocatoria en Olavarría, donde estudiantes, docentes, autoridades universitarias, gremios y vecinos marcharon por el centro de la ciudad bajo la consigna: “La universidad pública se defiende”.
