Sextorsión y amenazas: confirman las prisiones preventivas de tres acusados; uno operaba desde la cárcel

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó las prisiones preventivas de tres personas acusadas de cometer dos hechos de extorsión mediante amenazas y maniobras de sextorsión. La resolución rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría.

Las apelaciones habían sido interpuestas por el abogado Sergio Roldán, en representación de una de las imputadas, y por el Defensor Oficial Gustavo Emiliozzi, quien asistió a los otros dos acusados.

Sin embargo, la Cámara entendió que la prueba reunida hasta el momento resulta suficiente para sostener la probabilidad de autoría y mantener las prisiones preventivas mientras avanza el proceso.

Dos maniobras extorsivas

Según surge del fallo, la investigación comprende dos hechos diferentes.

En el primero, dos de los acusados habrían participado de una maniobra en la que la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios luego de mantener un intercambio virtual. Posteriormente fue contactada por personas que se presentaban como policías y que ofrecían «solucionar el problema» a cambio de dinero.

Para los jueces existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, que uno de los imputados utilizó la línea telefónica desde la que se realizaron las intimidaciones.

La resolución destaca que ese acusado habría continuado desarrollando las maniobras mientras se encontraba alojado en una unidad penitenciaria. Entre las pruebas valoradas figura una conversación incorporada al expediente en la que solicitaba cuentas bancarias y documentación con la aparente finalidad de obtener dinero de nuevas víctimas. También se tuvieron en cuenta mensajes intimidatorios, el análisis de teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante la investigación.

Sextorsión

El segundo hecho investigado responde a una modalidad de sextorsión.

De acuerdo con la causa, la víctima fue contactada a través de un perfil de Facebook, recibió contenido íntimo y luego comenzó a ser amenazada con la difusión de ese material entre familiares, amigos e incluso medios de comunicación si no entregaba dinero.

La investigación sostiene que inicialmente se exigieron 300.000 pesos y que finalmente la víctima realizó una transferencia por 200.000 pesos a una cuenta bancaria que, según la documentación incorporada al expediente, pertenecía a una de las imputadas. Capturas de pantalla de las conversaciones, registros de la transferencia y otros elementos fueron considerados por la Cámara para mantener la imputación.

La Cámara rechazó los planteos de las defensas

En sus recursos, el abogado Sergio Roldán cuestionó la existencia de riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva y solicitó, en forma subsidiaria, que la medida fuera reemplazada por una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Por su parte, el Defensor Oficial Gustavo Emiliozzi sostuvo que no existían pruebas suficientes para atribuir la autoría a sus asistidos, reclamó nuevas pericias informáticas y planteó que los hechos debían ser encuadrados como chantaje y no como extorsión.

La Cámara descartó todos esos argumentos. Los jueces entendieron que las amenazas investigadas excedían una mera afectación al honor, ya que también comprendían intimidaciones destinadas a obligar a las víctimas a entregar dinero, por lo que mantuvieron la calificación legal de extorsión prevista en el artículo 168 del Código Penal.

Además, señalaron que la modalidad atribuida a los imputados —basada en la selección de víctimas, la generación de confianza mediante redes sociales, el uso de múltiples teléfonos y tarjetas SIM y el accionar coordinado entre varias personas—, sumada a la gravedad de los hechos investigados, justificaba sostener las prisiones preventivas hasta el avance del proceso judicial.