Un informe del BAPRO pone en duda la estrategia fiscal del Gobierno: «el ajuste agravó la caída de la actividad»

El Banco de la Provincia de Buenos Aires publicó una nueva edición de su informe «Semana Económica» (N° 943, del 27 al 31 de julio de 2026) en la que analiza el impacto del ajuste fiscal implementado por el Gobierno nacional y concluye que las decisiones adoptadas sobre qué partidas recortar y qué impuestos reducir profundizaron la caída de la actividad económica, además de imprimir un sesgo regresivo desde el punto de vista distributivo.

El trabajo, titulado «El ajuste fiscal y su impacto sobre la actividad: son decisiones», parte de un dato concreto: en junio de 2026 el Gobierno registró su primer déficit primario correspondiente a un sexto mes del año desde el inicio de la gestión, con un rojo de 0,7 billones de pesos, cuando en junio de 2025 había alcanzado un superávit de 1,1 billones y en igual mes de 2024 de 0,9 billones, todos expresados a valores constantes de junio de 2026.

Según el informe, el deterioro de las cuentas públicas respondió principalmente a una caída interanual del 9% de los ingresos, fenómeno que atribuye al retroceso de la demanda interna. En ese contexto, precisa que la recaudación del IVA cayó un 5%, los ingresos provenientes de la Seguridad Social disminuyeron un 4%, el Impuesto a las Ganancias retrocedió un 20% y los Derechos de Exportación se desplomaron cerca de un 50%, lo que terminó revirtiendo el superávit registrado un año antes.

A partir de ese escenario, el Banco Provincia plantea una pregunta central: ¿era posible alcanzar el mismo ahorro fiscal con un menor impacto sobre la actividad económica? Para responderla recurre a distintos trabajos académicos internacionales que analizan los efectos de las políticas de consolidación fiscal.

Uno de ellos, elaborado por Ardanaz, Cavallo, Izquierdo y Puig para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), examinó 125 episodios de ajuste fiscal en 70 países y concluyó que un recorte del gasto público equivalente al 1% del PBI reduce el Producto en un 0,4%. Sin embargo, cuando ese ajuste se concentra en la inversión pública, la contracción alcanza 0,7% tres años después, mientras que si se focaliza en el gasto corriente el efecto recesivo prácticamente desaparece e incluso el Producto puede crecer en el mediano plazo. Según ese estudio, la diferencia entre ajustar sobre gasto corriente o sobre gasto de capital alcanza 1,6 puntos de crecimiento por cada punto porcentual del gasto recortado.

El informe sostiene que eso fue precisamente lo que ocurrió en Argentina. Aunque el gasto de capital representó menos del 10% del gasto nacional entre 2021 y 2023, explicó casi el 20% del ajuste aplicado entre 2024 y 2026. En ese período, la inversión pública cayó un 80% en términos reales, mientras que el resto de las partidas del gasto se redujo un 27,5%, una diferencia que el Banco Provincia resume con una frase que atraviesa todo el documento: «son decisiones».

La entidad también advierte que, de mantenerse la tendencia actual, el período presidencial 2024-2027 concluirá con el menor nivel de gasto de capital sobre el PBI desde el regreso de la democracia. Incluso señala que entre 2024 y la primera mitad de 2026 la inversión pública acumulada no alcanza al 1% del Producto, cuando el registro más bajo de un gobierno completo correspondía al período 1996-1999, con 3,1% del PBI.

El informe relaciona además la caída de la obra pública con el comportamiento de la inversión privada. Citando evidencia académica, sostiene que por cada punto de crecimiento de la inversión pública, la inversión privada aumenta 3,5 puntos porcentuales, por lo que ambas son complementarias y no sustitutas. En ese marco, recuerda que, según datos del INDEC, la inversión total permanece un 11% por debajo de los niveles de 2023.

Otro de los ejes del análisis está puesto en las provincias. El Banco Provincia reconoce que también debieron ajustar sus cuentas debido a la reducción de recursos, que pasaron de representar el 17% del PBI en 2023 al 15% durante 2024 y 2025. Sin embargo, sostiene que la composición del ajuste fue diferente: mientras el Gobierno nacional concentró el 80% del recorte sobre el gasto de capital, las provincias destinaron a esa partida el 40% del ajuste, pese a que históricamente la inversión pública tiene una participación mayor en los presupuestos provinciales que en el nacional.

El documento también analiza las rebajas tributarias implementadas durante el período, entre ellas la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de Bienes Personales, de los Impuestos Internos y de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario. Para evaluar esas decisiones cita un estudio de Gechert, Hallett y Rannenberg (2015), según el cual la inversión pública presenta el mayor efecto multiplicador sobre la actividad económica, con un impacto estimado de 1,2 puntos por cada punto adicional de crecimiento, mientras que el gasto corriente alcanza 0,9, las transferencias 0,55 y las rebajas impositivas apenas 0,45. A partir de esos datos, el informe sostiene que el Gobierno optó por reducir impuestos con menor capacidad para impulsar la economía, en lugar de fortalecer las partidas con mayor efecto multiplicador.

El análisis agrega que esa diferencia se vuelve todavía más significativa en contextos recesivos. Citando otra investigación internacional, sostiene que cada punto porcentual de consolidación fiscal puede provocar una caída de hasta 1,7 puntos en el resto de la economía cuando la actividad ya se encuentra en retroceso, por lo que considera que resignar recaudación mediante bajas impositivas durante una fase contractiva constituye una de las decisiones con peor relación entre costo fiscal e impacto sobre el nivel de actividad.

Finalmente, el Banco Provincia incorpora una mirada distributiva. Apoyándose en estudios sobre desigualdad y política fiscal, sostiene que los programas de ajuste del gasto tienden a deteriorar la distribución del ingreso y que ese efecto puede atenuarse mediante impuestos progresivos y transferencias focalizadas. En cambio, afirma que las rebajas tributarias aplicadas entre 2024 y 2026 priorizaron instrumentos vinculados a los patrimonios, al comercio exterior y a la apreciación del tipo de cambio, reforzando el perfil regresivo del ajuste.

Como síntesis, el informe concluye que el perfil del ajuste fiscal profundizó la caída de la demanda interna, mientras que la reducción de impuestos acentuó el carácter regresivo del proceso. Para la entidad, el resultado respondió a una serie de decisiones de política económica que concentraron los recortes en las partidas con mayor capacidad de impulsar la actividad, al tiempo que las medidas expansivas se orientaron hacia instrumentos con menor efecto multiplicador sobre la economía real.