Los servicios públicos (otra vez en la mira) y la apuesta de las cementeras

Escribe: Sergio Di Pino

El Municipio allanó el camino para que una sola empresa maneje la totalidad de las líneas de colectivos de Olavarría. En el Concejo Deliberante, el oficialismo impuso su mayoría y modificó una cláusula antimonopólica que impedía a  los dueños de “Tu Bus” ofertar por la concesión del servicio interurbano de pasajeros.

La sensible adecuación provocó un giro de 360 grados. Porque cambió de un plumazo las reglas de juego, trastocó los consensos alcanzados con la oposición en las comisiones y alimentó las especulaciones de un “acuerdo tácito” con la firma, cuando aún resta la formalidad de todo el proceso licitatorio.

En su exposición, el concejal oficialista Nicolás Mariangelli no anduvo con vueltas.  Justificó el pedido “en virtud a la escasez de oferentes para prestar el servicio” y  se amparó en “la crisis del sector del transporte”.

El alfil de Mario Cura se excusó prematuramente y reconoció algunas consecuencias negativas de la decisión. Pero las minimizó en función de un peligro mayor: el concurso podría quedar desierto y las localidades no dispondrían de colectivos. Durante su intervención, defendió la postura del bloque de Juntos: “Consideramos que sería ideal que el servicio se preste por diferentes empresas pero no podemos condicionar la prestación” dijo.

Ante su sinceramiento, la concejala de “Ahora Olavarría”, Celeste Arouxet, realizó una observación de sentido común: “No podemos saber cuántos oferentes van a haber si no se hizo la licitación” advirtió.

Resulta entendible la preocupación del Municipio por garantizar la continuidad de un servicio clave como el transporte público. Hasta suena razonable que haya sondeos y conversaciones previas con los potenciales interesados. Es una práctica habitual. Pero explorar el terreno, no puede ir a contramano de las formas que deben cumplirse en un llamado licitatorio. Y mucho menos habilita a insinuar públicamente los resultados.

Ante el “blanqueo” de este probable escenario de monopolización, surgen algunas preguntas: ¿Qué expectativa puede tener un nuevo interesado en participar del concurso si la suerte estaría echada? Una concesión que se extenderá por 12 años y trascenderá a la gestión de Ezequiel Galli ¿no ameritaba un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas? ¿Por qué el oficialismo no aceptó el pase a comisión del expediente y buscó nuevos consensos antes de fin de año? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de los pasajeros en caso de una concentración inédita en el servicio?

Hacia ese lugar, apuntaron algunas de las críticas de los dirigentes opositores. “Es algo que estuvo siempre para que no haya un monopolio y que si hay un problema con una empresa no se traslade automáticamente a la otra, cosa que ocurriría si el servicio es prestado por la misma empresa. Además, la cláusula era para diversificar inversiones” sostuvo el concejal Juan Sánchez (bloque de los Trabajadores)

Otro de los integrantes del interbloque del FdT, Eduardo Rodríguez, calificó lo sucedido como “casi un atropello institucional”. «No costaba nada volver esto a comisión ni darnos el debate necesario sobre esta cláusula. Es una pena y quiero alertar de lo que esto implica, no solo para la gestión actual sino para las que van a venir. La posibilidad de tener este servicio en una sola mano me parece que es muy complejo para la gestión de un buen servicio público» señaló el representante del Foro Olavarría.

También se escucharon críticas de Germán Aramburu  (Renovación Peronista). Consideró que la modificación propuesta “es medular” y  agregó: “qué ahora pretendan sacarlo cambia sustancialmente la ordenanza” opinó.

De nuevo surge el debate acerca del rol municipal en el control sobre los servicios públicos que terceriza. Tan importante como habilitar o sostener una prestación, es garantizar que se cumplan  los derechos de los usuarios. Ese contrapeso, evita que el lucro perseguido por las empresas sea la única variable de la relación entre el poder concedente y el concesionario.

Por eso mismo y más allá de los acuerdos políticos- electorales, sorprendió el acompañamiento de la UCR a la medida oficial. O al menos, su negativa a habilitar un debate más amplio con el regreso del expediente a comisión. Tiempo atrás, el radicalismo impulsó una ordenanza para la creación de un organismo de control de los servicios públicos concesionados que fue vetada por el intendente Ezequiel Galli. La premisa era “verificar el cumplimiento de pliegos, contratos y la calidad de las prestaciones”.

¿La posibilidad de concentrar un servicio no atenta contra esa calidad deseada? Una modificación (de último momento) que altera en esencia las condiciones del llamado  licitatorio, ¿no contradice el principio de “prevenir conductas anticompetitivas” que pregonaba aquella ordenanza de la UCR?

La misma discusión resurgió tras un nuevo capítulo de la polémica por un posible caso de contaminación en el relleno sanitario. En el plano de la discusión pública, el Municipio se ubicó como espectador de las acusaciones cruzadas entre el Frente de Todos de Olavarría y la empresa “Malvinas”.

La gravedad del caso exige prudencia. Pero a su vez, demanda dar señales contundentes sobre su voluntad del Ejecutivo en monitorear el cumplimiento de los contratos de concesión y establecer severas sanciones si se corroboran irregularidades. El Gobierno no puede abandonar la discusión, mientras llueven comunicados, acusaciones y desmentidas sobre una supuesta contaminación en el arroyo Tapalqué.

A los concejales opositores, la ciudadanía también les reclama sensatez y responsabilidad. Son denuncias graves que atañen a la salud pública. En medio de la confusión, la Autoridad del Agua bonaerense dio algunas precisiones. En una entrevista con Radio Olavarría, el director de Calidad y Control Técnico, Javier Coronel,  indicó que la inspección ocular da cuenta de “algún tipo de derrame de algún líquido con color” pero reveló que los resultados finales aún no están disponibles. “Para poder profundizar el tema y las medidas del caso hay que esperar los resultados” señaló.

Las cementeras muestran inversiones a largo plazo

El último viernes se produjo uno de los hechos económicos más significativos para Olavarría en las últimas dos décadas. La cementera Loma Negra, puso en marcha su nueva línea de producción “L´Amalí II” y se transformó en la planta más grande de Sudamérica.  A partir de su nueva estructura,  amplió en un 40% la capacidad de la firma  y acrecentará en un 25% la producción de cemento de toda la Argentina.

La inversión de la firma  – realizada entre los años 2017 y 2021- fue superior a los 350 millones de dólares- y repercutirá en el desarrollo local con la generación de nuevos puestos de trabajo y la dinamización de la economía regional.

El acontecimiento tuvo repercusión nacional e internacional. Hasta Olavarría llegó la plana mayor de accionistas brasileños de la familia Camargo Correa y la firma Intercement, dueña de Loma Negra. Los acompañaron más de 400 invitados y dirigentes políticos. Entre las presencias de funcionarios, se destacaron el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. El presidente Alberto Fernández, cerró el evento a través de una videoconferencia.

En su presentación, el CEO de Loma Negra, Sergio Faifman, habló de una transformación de la compañía que conlleva “un cambio cultural” y elogió a la empresa china Sinoma  (tuvo varios conflictos laborales durante la construcción de la fábrica) y al gremio de la UOCRA, por su labor “ejemplar”.

Durante el acto, no hubo mención alguna a los mineros de AOMA. Los conflictos sindicales en el último año y las discusiones sobre el encuadramiento de los nuevos trabajadores, también marcan una dimensión que no debe perderse de vista: el desarrollo debe estar ligado a una mejora en las condiciones del empleo.

Toda modernización conlleva procesos de readecuación y algunas consecuencias sociales difíciles (Barker). El equilibrio entre el desarrollo económico y el empleo,  siempre debe ser un punto de partida para avanzar en nuevos consensos. En base a ese entendimiento, las empresas podrán obtener mayor rentabilidad, los gremios certidumbre para sus representados y el Estado obtendrá un margen de maniobra para implementar políticas públicas que faciliten el bienestar social.

Casi en simultáneo a la inauguración en Loma Negra, Cementos Avellaneda avanza con su plan de desarrollo en Olavarrría. La firma  busca adquirir el tramo de una calle para explorar nuevos yacimientos que le permitan definir su expansión en los próximos años.

En la semana, representantes de la UNICEN acudieron a las comisiones del Concejo Deliberante. Al encuentro con los legisladores, fueron el agrimensor Carlos Meliton y el antropólogo Carlos Paz. El primero de los profesionales, se refirió al avalúo en 1,5 millones de dólares efectuado para los 3 mil metros de calle del camino a la cantera «La Cabañita» que podría venderse a la cementera.

En ese marco, explicó que incluyó en la valuación a la arcilla del yacimiento (pese a que no sería objeto de la explotación económica de la empresa) y se estableció como referencia global un valor de 0,38 dólares tonelada. Ese monto, se calculó en base a la última operación de estas características realizada por el Municipio en 2005 (algo que para algunos ediles podría haber quedado desactualizado).

Las cementeras apuestan a la expansión y consolidación de sus negocios y eso es una buena noticia para Olavarría. Para que ese proceso sea armonioso, se requieren planes de inversión y de desarrollo sustentables. Y allí vuelve a asomar el Estado, único garante de equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, el turismo y el bienestar comunitario.