La Corte define si los jubilados pagarán Ganancias: qué se espera y cómo impactará en el Gobierno

Los jueces supremos deben definir la constitucionalidad de cobro del Impuesto a las Ganancias a los abuelos. Hay $ 1.600 millones de recaudación en juego. En caso de eximir a todos los jubilados, deberán definir si corresponde un reembolso de lo ya descontado.

La Corte Suprema definirá este martes si unos 200.000 jubilados y pensionados seguirán pagando o no el Impuesto a las Ganancias.

El denominado caso “García” se incluyó en febrero en una agenda de 11 temas a tratar durante este año. “Se discute si resulta constitucional la aplicación del Impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios y de pensión”, señalaron los magistrados en la hoja de ruta judicial.

En rigor, los cinco supremos tratarán la causa que inició María Isabel García en la Justicia federal de Concepción del Uruguay en 2015. En un principio, el juzgado N° 2 declaró la inconstitucionalidad del cobro, pero la AFIP apeló. Dos años más tarde la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión al rechazar el planteo del organismo recaudador. Los camaristas determinaron que la jubilación «no constituye ganancia» y ordenó reembolsar lo descontado más intereses.

Para justificar el reembolso, los jueces de Entre Ríos que fallaron a favor de García recordaron un argumento de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social en el caso Calderale: la jubilada ya había pagado Ganancias durante su vida activa. Disconformes con la medida, la agencia de recaudación volvió a apelar y así se llegó a la Corte. Si bien la sentencia se adoptará para García en particular, la definición se amplificará.

El caso García fue tomado de una “familia” de litigios similares. La Corte lo consideró como el más representativo del universo de jubilados sobre los que impactará su resolución. En 2015 unos 300.000 jubilados y pensionados estaban alcanzados por Ganancias. Los primeros cambios en el mínimo no imponible de Mauricio Macri excluyeron a la mitad. Pero con la última modificación del Impuesto en enero pasado, se incorporaron 47.600 nuevos tributarios. Hoy, son entre 170.000 y 200.000 los que pagan.

Hasta diciembre de 2018 el mínimo no imponible de seis haberes mínimos se aplicaba por recibo. Para estar alcanzado, un mayor tenía que recibir más de $ 55.854 mensuales de jubilación y/o de pensión, contabilizado por separado. Pero desde 2019, el mínimo se cuenta por beneficiario y se deben sumar los montos de los dos recibos para saber si está alcanzado. El nuevo tope para marzo, abril y mayo es de $ 62.462.

En la ANSES aseguran que solo lo pagan los jubilados con ingresos más altos y temen por el costo fiscal que tendría una decisión adversa. Un cierre definitivo a la demanda de García fijará precedente “cascada” en tribunales inferiores, al mismo tiempo que generará una jurisprudencia sobre la aplicabilidad del impuesto en términos conceptuales a la clase pasiva. Se cuentan unos 2.000 expedientes a la espera de este fallo.

Los asesores legales de la ANSES consideran que el Ejecutivo es el único Poder autorizado para aplicar eximiciones impositivas, según lo determine el Legislativo. Pero además, el organismo previsional niega que el cobro sea irracional o desmedido, ya que solo alcanza a una porción muy pequeña de los siete millones de jubilados registrados.

Durante una visita a Vietnam en febrero pasado Mauricio Macri dijo que “en cada fallo, la Corte debe pensar en el equilibrio y la gobernabilidad”. Lo reclamó luego que el Tribunal lo obligó a pagarle $ 15.000 millones a la San Luis de los Rodríguez Saá. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que en 2019 debían ingresarán unos $ 1.600 millones por retenciones de Ganancias a los adultos mayores. Bajo la sombra del déficit cero que exige el FMI, en la Casa Rosada no solo lamentan la posible merma en la recaudación, sino el incremento del gasto público al que obligaría una indemnización generalizada por los descuentos ya aplicados.

Universalización del caso Badaro
Para los próximos meses se espera un segundo fallo de resonancia para los jubilados. Es un amparo colectivo presentado hace más de 10 años por el exdefensor del Pueblo, Eduardo Mondino, para universalizar el reajuste de haberes logrado en el caso Badaro.

En este tema -también incluido en la agenda 2019-, la Corte debe resolver el reconocimiento de una acción de clase arrastrada desde 2009 por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006. Por un lado, los magistrados deben decidir si el Defensor del Pueblo está legitimado para actuar en estas situaciones, algo que cuenta con el visto bueno en más de una vocalía del Tribuna. Por otro, deben fijar qué retroactividad correspondería a los afectados: total, parcial o ninguna.

Fuente: Ambito