Excarcelaron al ex prosecetario del Concejo Deliberante de Azul: deberá depositar $120 millones
El juez de Garantías de Azul, doctor Federico Barberena concedió este miércoles la excarcelación de Rodrigo David Santamaría Martini, ex presidente del GEN de Azul, imputado por ocho presuntas estafas contra igual cantidad de damnificados. Sin embargo, el beneficio quedó condicionado a una caución real de 120 millones de pesos y al cumplimiento de restricciones judiciales. La Defensa Oficial no descartaba apelar el monto fijado.
Según publicó el diario El Tiempo de Azul, el magistrado resolvió el planteo presentado por la defensora oficial Adriana Hernández, quien había solicitado que la excarcelación se otorgara bajo caución juratoria, es decir, mediante el compromiso del imputado de cumplir con las obligaciones procesales, sin necesidad de aportar una garantía económica o patrimonial.
Barberena consideró que esa alternativa no resultaba suficiente frente a las características de los hechos investigados y al perjuicio económico estimado en la causa, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2, a cargo del fiscal David Carballo.
Una garantía de $120 millones
La caución real podrá integrarse mediante un depósito en la cuenta judicial de la causa o a través de un inmueble o un vehículo propiedad del imputado, siempre que se encuentren libres de gravámenes y puedan ser afectados como garantía.
El monto fue establecido en función del perjuicio económico que se atribuye al acusado en las ocho denuncias incorporadas hasta el momento a la investigación. Según la resolución, la suma total de las presuntas defraudaciones, en su mayoría realizadas en moneda extranjera, equivaldría a entre 140 y 170 millones de pesos.
La caución tiene como finalidad garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso penal. No implica, por sí misma, una reparación económica para las personas damnificadas.
Por eso, pese a que la excarcelación fue concedida, Santamaría no recuperará automáticamente la libertad: antes deberá cumplir con la garantía establecida y verificarse que no existan otros impedimentos legales.
Las restricciones que deberá cumplir
En caso de concretarse su liberación, el dirigente político deberá entregar su pasaporte en el Juzgado de Garantías N.º 2 y tendrá prohibido salir del país mientras se mantenga vigente la medida.
Además, deberá abstenerse de mantener contacto, por cualquier medio, con los ocho denunciantes. La resolución contempla una excepción para eventuales acuerdos vinculados con el proceso penal, siempre que sean impulsados por los propios damnificados y coordinados por el fiscal de la causa.
Al fundamentar la decisión, el juez también tuvo en cuenta que Santamaría no registra antecedentes penales computables y que tiene arraigo en Azul, donde reside con su familia. Asimismo, consideró las circunstancias de su detención, ocurrida el jueves de la semana pasada en un departamento del barrio Carús, y señaló que no se había constatado un entorpecimiento de la investigación.
La defensa podría apelar
La Defensa Oficial no descartaba recurrir ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, aunque el eventual planteo estaría centrado en la caución de 120 millones de pesos y no necesariamente en la concesión de la excarcelación.
La posibilidad de apelar adquiere relevancia si el imputado no está en condiciones de reunir la suma exigida o de ofrecer bienes que permitan cubrir la garantía. La defensa había solicitado originalmente que el beneficio se concediera sin el depósito de dinero.
En cuanto a la postura de los denunciantes, el medio azuleño informó que, al ser consultados sobre la posibilidad de que Santamaría recuperara la libertad, solo uno se manifestó en contra, mientras que los restantes estuvieron de acuerdo, aunque condicionaron su postura a una reparación integral de los perjuicios que denuncian.
La investigación penal continúa en curso y Santamaría permanece imputado por los hechos que se le atribuyen.
