Abusos sexuales contra una niña: la Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso del procurador y dejó firme la prescripción
El caso abordado por la Suprema Corte bonaerense tramitó en el Departamento Judicial de Azul, aunque por las características del hecho no se conocieron las identidades.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso extraordinario federal presentado por el procurador general Julio Conte-Grand para intentar revertir el sobreseimiento de un hombre acusado de abusos sexuales contra una niña.
De esta manera, el máximo tribunal provincial mantuvo su decisión anterior, que había rechazado la impugnación fiscal contra la prescripción de los delitos, en una causa que tuvo intervención de los tribunales de Azul.
El expediente investiga dos hechos: abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente.
El acusado está identificado en la resolución judicial por sus iniciales, E. J. C.
El sobreseimiento había sido dispuesto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, que revocó una resolución del Juzgado de Garantías N.º 2 departamental.
Los camaristas declararon extinguida por prescripción la acción penal y ordenaron la inmediata libertad del imputado.
La Fiscalía cuestionó la prescripción
La fiscal adjunta María Laura E. D’Gregorio había recurrido esa decisión ante la Suprema Corte bonaerense, pero su planteo fue rechazado por insuficiente. Posteriormente, Conte-Grand presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la discusión llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El procurador cuestionó que la resolución no hubiera considerado adecuadamente los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil y las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de protección de la infancia y acceso a la Justicia.
Uno de los puntos centrales fue la aplicación del artículo 63 del Código Penal en su redacción anterior a las reformas legislativas de 2011 y 2015, que modificaron las reglas de prescripción para determinados delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
La Fiscalía sostuvo que, en casos de abuso sexual infantil, el cómputo de los plazos debía contemplar las dificultades que puede atravesar una víctima para denunciar los hechos. También planteó que la interpretación aplicada afectaba el derecho a ser oída y a obtener una tutela judicial efectiva.
Por qué rechazaron el recurso
Al analizar la presentación, la Suprema Corte consideró que el procurador general no había refutado eficazmente los fundamentos de su decisión anterior ni demostrado que existiera arbitrariedad suficiente para habilitar la intervención de la Corte nacional.
Entre otros argumentos, el tribunal señaló que el planteo de inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal no había sido introducido en la primera oportunidad procesal posible. También entendió que la invocación de gravedad institucional no alcanzaba, en las condiciones planteadas, para justificar la apertura de la instancia extraordinaria federal.
Los jueces remarcaron que la impugnación expresaba una discrepancia con lo resuelto, pero no demostraba defectos lógicos o una ausencia de fundamentos jurídicos que permitieran descalificar la sentencia.
Finalmente, la Suprema Corte denegó por inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por Conte-Grand. La decisión dejó sin modificaciones lo resuelto sobre la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento del acusado, sin que la resolución analizada permita establecer si existen otras vías procesales pendientes.
