La Cámara Penal ratificó la prisión preventiva para dos acusados de una estafa virtual

Fuente: Diario El Tiempo

Desde la Cámara Penal quedaron confirmadas las prisiones preventivas para un hombre y una mujer que son considerados miembros de una “asociación ilícita” y están señalados como los responsables de una estafa virtual.

El hecho que les atribuyen sucedió en enero pasado, cuando un contador radicado en Azul fue despojado de más de un millón de pesos mediante engaño, luego de que le hicieron creer que estaba comprando dólares que le ofrecía un conocido suyo al que le había sido hackeado su WhatsApp.

Los imputados, para quienes recientemente desde la Alzada departamental quedaron confirmadas sus prisiones preventivas por aquel hecho, se llaman Alan Daniel Díaz y Carla Carmela Corrales.

A través de la instrucción de una causa que se continúa desarrollando desde una de las fiscalías con asiento en el Palacio de Justicia local, en abril de este año había sido ordenada la detención de Díaz y en aquel entonces estaba preso en la Unidad 35 de Magdalena, cumpliendo condena por otros delitos.

Desde esa cárcel perteneciente al SPB y con asiento en la mencionada ciudad ubicada en la zona Este de la provincia de Buenos Aires, el joven investigado -al parecer- lideraba una organización dedicada a cometer estafas de similares características a la que, hace ya seis meses, había tenido en carácter de damnificado al contador que vive en Azul.

También en abril pasado, durante uno de los cuatro allanamientos que policías de la DDI Azul hicieran en diferentes lugares del conurbano bonaerense, había sido detenida la mujer para quien recientemente fue confirmada la vigencia de su prisión preventiva.

Se llama Carla Carmela Corrales, tiene 23 años de edad y había sido arrestada en la casa donde se domicilia, ubicada en Glew.

Actualmente está presa en la Unidad 52, la cárcel de mujeres del SPB con asiento en Azul, según lo informado a este diario.

Las detenciones de los dos investigados habían sido convertidas en prisiones preventivas por Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías 3- el pasado 25 de abril. Y días atrás, ambas medidas cautelares fueron ratificadas de manera unánime desde la Cámara Penal por sus actuales miembros: Agustín Echevarría, Damián Cini y Carlos Pagliere (h).

Apelaciones que no prosperaron

Lo resuelto en esta segunda instancia para ambos imputados fue en respuesta a sendas apelaciones que habían sido presentadas desde las defensorías oficiales que conducen las funcionarias judiciales Adriana Hernández y Mariana Mocciaro.

Ambos recursos no prosperaron y derivaron, en consecuencia, en que los miembros de la Alzada con asiento en el tercer piso de los tribunales de Azul ratificaran la decisión de que dos de los imputados por estos hechos sigan privados de sus libertades en el marco de la instrucción del sumario penal que los involucra.

Además de continuar siendo considerados los probables miembros de la ya referida “asociación ilícita”, por lo específicamente ocurrido con el contador víctima de este engaño a Díaz le atribuyen a título de autor una “estafa”. Y a la mujer, ser “partícipe necesaria” para la comisión de ese delito.

Según se menciona en estas actuaciones penales, el pasado 29 de enero “una banda” liderada por Díaz y de la que también formaría parte Corrales -al igual que otra mujer identificada en la causa como Luna Milagros Barrientos, que es pareja del recluso y para quien había sido ordenada también su detención pero sigue prófuga- “actuando de manera coordinada y conjunta, con planificación previa, logística y división de tareas”, cometió la maniobra delictiva que tuvo como damnificado a un contador que vive en Azul.

Para ello Díaz, desde la cárcel donde está preso, logró hackear la cuenta de WhatsApp de un conocido del profesional. Después comenzó a enviarle mensajes, haciéndose pasar por su amigo y ofreciéndole comprar cien dólares.

Aquel 29 de enero, sin advertir que estaba siendo engañado, el contador aceptó comprar los dólares que -según creía- le estaba ofreciendo ese amigo suyo.

Pero en ese entonces no sabía que el mensaje que recibió por WhatsApp, en realidad, le había sido enviado por los estafadores, tras hackearle la cuenta a esa persona a la que él conoce.

De esa manera, el contador hizo dos transferencias a una cuenta de CBU a nombre de la mujer del recluso que sigue prófuga.

Ambas, por una suma total de 1.200.000 pesos, consumándose de esa manera la estafa que después sería denunciada y derivaría en que dos de los presuntos autores del hecho resultaran detenidos. Los mismos a quienes recientemente les fueron confirmadas desde la Cámara Penal las prisiones preventivas dictadas, en una primera instancia, en abril pasado por el titular del Juzgado de Garantías 3.

El modus operandi

“En el caso en estudio, nos encontramos con acciones ilícitas realizadas por el mismo conjunto de personas que conforman el grupo, que tenían como principal objetivo cometer estafas mediante ardid o engaño, para una vez consumadas -al lograr que (los damnificados) efectuaran transferencias de dinero en forma inmediata a cuentas bancarias cuyos datos eran brindados por su interlocutor- proceder a su transferencia y posterior distribución del mismo entre los integrantes de la banda e incluso a terceros”, escribió el camarista Echevarría en un tramo de lo resuelto desde la Alzada departamental.

“El modus operandi utilizado por los integrantes de la banda ha consistido en contactar a una persona, mediante el previo ingreso a la aplicación de WhatsApp de otra, simulando ser el contacto perteneciente a la línea en cuestión, ofreciendo a la venta moneda extranjera y proporcionando una cuenta de la que es titular una de las coimputadas a fin de que se hiciera el depósito correspondiente”, explicó también.

Después de que el damnificado, en este caso el contador de Azul, remitía el dinero creyendo que estaba comprendo los dólares -en ese hecho el monto de la estafa ascendió a 1.200.000 pesos- una de las mujeres investigadas “re transfería el monto a otra cuenta de la que también es titular y desde allí era enviada a diversas cuentas, para finalmente el dinero obtenido ilícitamente ser transferido a una cuenta de la restante coimputada, quien mediante el mismo procedimiento se la retransfería a una segunda cuenta de la que es titular”, para repartir finalmente la suma obtenida “entre varias cuentas pertenecientes a terceras personas”.

Mediante estas sucesivas transferencias virtuales, “la intención de los sujetos investigados ha sido la de mover el dinero de forma inmediata para dificultar su rastreo”. Y que “los fondos adquiridos ilícitamente” luego “puedan ser retirados desde alguna cuenta virtual, perdiéndose el rastro de los mismos”.

Según se concluyó en esta segunda instancia desde la Cámara Penal, los investigados “han actuado de manera coordinada y con distribución de tareas”, las cuales incluían “organizarse de tal manera que uno mantenía las comunicaciones por WhatsApp y otros -la mujer que sigue presa y la que continúa prófuga- colaboraban con el aporte de cuentas para recibir y/o distribuir el dinero producto de los ilícitos llevados a cabo por la banda”.

Cuando en abril pasado fue ordenada la detención de Alan Daniel Díaz por la estafa al contador radicado en Azul, el considerado el cabecilla de esta organización delictiva cumplía -y continúa haciéndolo- en el penal de Magdalena una condena por los siguientes delitos: “homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el empleo de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda”.