Un policía de Olavarría será indemnizado con más de 5 millones de pesos por lesiones sufridas durante un operativo
Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que presta funciones en Olavarría será indemnizado con más de 5,4 millones de pesos tras haber sufrido lesiones en una rodilla durante un operativo realizado en 2023.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Trabajo de Olavarría, integrado por los jueces Christian Marcelo Benítez, María Clarisa Baldoni y Guillermo Oscar López Arévalo, que hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un accidente laboral.
El hecho
El episodio ocurrió hace algo más de dos años, cuando el policía acudió a un domicilio en cumplimiento de sus funciones. Durante el procedimiento, al intentar reducir a una mujer que era buscada, recibió una patada en la rodilla izquierda.
Luego del accidente, el agente realizó la denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo, que le brindó atención médica y rehabilitación, otorgándole el alta laboral en enero de 2024. No obstante, el trabajador continuó con dolencias y, al atenderse por su obra social, se le indicó una cirugía de meniscos.
El proceso judicial
El caso llegó a la Justicia luego de que la Comisión Médica interviniente determinara que el trabajador no presentaba incapacidad laboral, criterio que fue cuestionado judicialmente.
Durante el proceso se produjeron pericias médicas y contables. El peritaje médico concluyó que el policía presenta una incapacidad parcial y permanente, derivada de la limitación funcional en la rodilla lesionada.
El Tribunal resolvió reconocer una incapacidad del 9,17 %, descartando otros rubros por razones procesales, y declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, aplicando el régimen previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo.
La condena
En su fallo, el Tribunal condenó al Estado provincial a abonar la suma total de $5.454.194,45, que incluye capital indemnizatorio e intereses, y estableció un plazo de diez días hábiles para el pago, contados desde la notificación de la sentencia.
Asimismo, los jueces declararon inaplicable al caso el régimen especial de pago previsto para causas contencioso administrativas.
