Concesión del servicio eléctrico: “La conducta del Municipio generó un estado de incertidumbre jurídica»
Luego de que Coopelectric recurriera a la Justicia, En Línea Noticias accedió a los detalles de la presentación judicial mediante la cual la Cooperativa solicita que se declare la vigencia del contrato de concesión del servicio eléctrico y de alumbrado público en Olavarría.
Se trata de una acción declarativa de certeza, presentada ante el fuero contencioso administrativo, con el patrocinio del doctor Amílcar Saúl Dirazar, abogado que representa legalmente a Coopelectric en este proceso.
El objetivo de la demanda es que un juez determine de manera expresa si el vínculo contractual iniciado en 1997 continúa vigente y, de ese modo, ponga fin a un escenario de indefinición que la Cooperativa considera perjudicial.
Según surge del escrito al que tuvo acceso este medio, el planteo sostiene que la conducta adoptada por el Municipio generó un estado de incertidumbre jurídica que ya tendría efectos concretos. “La conducta del Municipio generó un estado de incertidumbre jurídica. Esa incertidumbre produjo perjuicios económicos, financieros e institucionales a la concesionaria”, señala textualmente la presentación.
En la demanda se explica que el contrato de concesión se rige por el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial y que, en ese contexto, resulta central la Resolución 419/17 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la interpretación de Coopelectric, esa normativa prorrogó por cinco años el vencimiento de los contratos de concesión provinciales y municipales, extendiendo la vigencia del servicio hasta octubre de 2027, sin que el Municipio haya dictado un acto fundado que disponga lo contrario.
El escrito también remarca que la Cooperativa cumplió en tiempo y forma con los mecanismos contractuales para solicitar la continuidad de la concesión y que nunca recibió una respuesta formal rechazando ese pedido. A ello se suman distintos actos institucionales posteriores que, según se argumenta, resultarían incompatibles con la idea de un contrato vencido.
De acuerdo con lo expuesto en la presentación judicial, la falta de una definición clara afecta la planificación de inversiones, genera dificultades en la relación con proveedores y organismos del sistema eléctrico y condiciona el cumplimiento de compromisos financieros asumidos por la Cooperativa. Entre ellos se menciona el acuerdo de refinanciación de deuda con CAMMESA, aprobado en el ámbito institucional de Coopelectric, con participación de representantes municipales.
La demanda sostiene además que la incertidumbre impacta sobre la estabilidad laboral de más de doscientos trabajadores y sobre la previsibilidad de un servicio público esencial para la comunidad, razón por la cual se solicita una intervención judicial que despeje definitivamente el alcance del vínculo contractual.
Si bien la acción iniciada no persigue en esta etapa una compensación económica, la Cooperativa dejó expresamente reservado su derecho a reclamar daños y perjuicios en una instancia posterior, en caso de acreditarse que la situación le generó un perjuicio concreto.
La resolución que adopte la Justicia será clave para definir el futuro de la concesión y para establecer un marco de previsibilidad institucional en torno a la prestación del servicio eléctrico en Olavarría.
