La Asociación de Agentes Fiscales pide medidas para evitar el “colapso judicial”

tras la reciente creación de una asociación que aglutina a los fiscales de la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentran los cinco funcionarios tandilenses, se difundió un comunicado que apela a intervenir con medidas urgentes para solucionar el colapso con el que conviven los agentes judiciales penales.

“Como consecuencia de un proceso que lleva décadas de desarrollo, la degradación del sistema penal en nuestra provincia ha arribado al límite de lo tolerable. Conscientes de esta situación, en solo tres meses, más de trescientos Agentes Fiscales de toda la provincia, nos hemos reunido y conformado una asociación, con el objeto de atender el reclamo ciudadano de un servicio de justicia eficiente, ágil y comprometido con los nuevos paradigmas sociales”.

En ese contexto, señalaron que la Asociación de Agentes Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra conformada por profesionales de experiencia y trayectoria, que hemos dejado de lado nuestras naturales diferencias ideológicas, para acudir en auxilio de una estructura deficiente desde su creación, que ya no resiste mayores cargas y necesita ser apuntalada de manera urgente.

“Los Agentes Fiscales, por mandato legal somos los encargados de dirigir y promover la acción penal de la mayoría de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires. Nuestro ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan en su territorio. En este contexto, las cuestiones sometidas a nuestra intervención, suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano”.

“Sin embargo –agregaron-, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad. Lo cierto, es que si aún puede darse alguna respuesta a la demanda que permanentemente recibimos, es gracias al esfuerzo y dedicación de quienes componemos el Ministerio Público y el Poder Judicial”.

Se sostuvo que frecuentemente “se posa el ojo crítico en los operadores del sistema, sin tener en cuenta las falencias que padece. Desde la implementación del proceso acusatorio en la Provincia de Buenos Aires, en el año 1998 se impuso a los Agentes Fiscales la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, sin dotarlos de los recursos necesarios para cumplir su función de manera eficiente. En la actualidad, existen Agentes Fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo”.

Sumaron al respecto, la falta de creación de cargos, la gran cantidad que quedan por cubrir tanto de empleados y funcionarios, como de magistrados en todos los Departamentos Judiciales. En líneas generales, se detalló, si se genera una vacante por el motivo que fuere (renuncia, fallecimiento etc.) tarda años en cubrirse, con la escalada de sobrecargas que esto conlleva entre quienes siguen en funciones, y un sistema que se resiente cada vez más.

“En este contexto de carencias, la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos”.

Lo señalado, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece.

Distribución de recursos

Se subrayó que debe tenerse en cuenta como un parámetro objetivo que muestra la desigual asignación de recursos, que por ejemplo “desde el 2007 a la actualidad, la Policía de la provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45000 efectivos en actividad a 90000. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia”.

Cabe consignar que se trata de la organización que interactúa con mayor frecuencia con el Ministerio Público y que la mayoría de las veces configura el eslabón previo a la labor de los judiciales.

Lo señalado, guarda estrecha relación con el incremento de los procesos penales iniciados en la provincia. Las estadísticas que aparecen publicadas en la página de la Procuración General, indican que en el 2007 se iniciaron más de quinientas mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el 2019 donde se registraron casi un millón.

“En razón de lo expuesto, se advierte con claridad que en el marco de un sistema que estructuralmente era deficiente, operó un incremento exponencial de procesos penales que no fue acompañado de manera proporcional con la asignación de los recursos necesarios para abastecer tal demanda. A pesar de lo señalado, el presupuesto provincial destinado a la Justicia no ha sufrido variaciones porcentuales considerables a lo largo de los años”.

Para finalizar, dejaron en claro que son conscientes de los problemas financieros de la provincia y de las dificultades económicas derivadas de la pandemia que transitamos. “No es nuestra intención adjudicar culpas de un proceso de degradación de larga data, y mucho menos que se utilicen nuestras expresiones con fines político partidarios. Como hemos señalado, nuestra asociación se compone de fiscales de distintos signos políticos y tintes ideológicos, unidos por el bien común. Sin embargo, la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”. (Fuente: El Eco)