La Iglesia pidió al Congreso frenar la baja de la edad de imputabilidad: “Bajar la edad no baja el delito”
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina enviaron una carta abierta a los legisladores nacionales en el marco del debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil y reclamaron que se frene el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad.
El documento, fechado el 8 de febrero de 2026 en Buenos Aires, lleva como consignas centrales “Bajar la edad no baja el delito” y “Más educación, más oportunidades, más esperanza”, y fija una postura crítica frente al dictamen que obtuvo respaldo en comisiones.
En el inicio, las entidades explicaron que la carta da continuidad al documento “Más oportunidades que penas”, publicado el 25 de marzo de 2025, y que el planteo se realiza desde la experiencia territorial de la Iglesia en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes y espacios comunitarios donde trabajan con adolescentes, jóvenes y familias.
Además, señalaron que se suman a otras instituciones que también cuestionaron la iniciativa, entre ellas UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, la Defensoría General de la Nación, Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes Internacional y la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia Argentina.
“Han sido escuchados”, indicaron, pero aclararon que no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Las organizaciones reconocieron que el delito existe y que no es una opción no hacer nada. También señalaron que han acompañado a víctimas, especialmente en barrios populares, y que muchas veces ellos mismos han padecido situaciones de violencia. En ese marco, sostuvieron que es urgente actuar para reparar el dolor, prevenir nuevas violencias y disminuir el conflicto social.
Sin embargo, advirtieron que el debate se desarrolla en un clima político atravesado por el uso del dolor social con fines de impacto mediático, lo que —según afirmaron— impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a niños y adolescentes.
En cuanto al fondo de la discusión, afirmaron que consideran necesaria una reforma del Régimen Penal Juvenil y reconocieron la existencia de un vacío legal, en particular por la falta de adecuación a compromisos internacionales y por la ausencia de respuestas eficaces frente a problemáticas sociales complejas. No obstante, cuestionaron que se intente avanzar con una respuesta que definieron como apresurada, sin sustento técnico suficiente, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación.
En el documento plantearon interrogantes concretos sobre la capacidad actual del Estado —nacional y provincial— para implementar un sistema penal juvenil que garantice tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura y recreación, abordaje integral de consumos problemáticos, personal especializado e instituciones adecuadas con condiciones dignas y posibilidades reales de reinserción. También pusieron en duda que existan hoy los recursos y la inversión necesarios, en un contexto que describieron como de creciente desfinanciación social.
Uno de los ejes centrales de la carta es el reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos en desarrollo, con capacidad progresiva para ejercer derechos y asumir responsabilidades, conforme a la Ley 26.061. Señalaron que el cerebro adolescente aún no ha alcanzado plena madurez en áreas vinculadas al control de impulsos, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos, y que la evidencia científica cuestiona la consigna “delito de adulto, pena de adulto”.
En esa línea, propusieron que los menores de 16 años que atraviesen situaciones de conflicto social sean abordados por los Juzgados de Familia y por el Sistema de Protección y Promoción de Derechos, y no por el sistema penal. También reclamaron una revisión de la Ley de Salud Mental N.º 26.657 en lo referido al criterio de “riesgo inminente” para internaciones involuntarias, y alertaron que el consumo de sustancias comienza en muchos casos a los 9 o 10 años. Reclamaron recursos específicos para políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos territoriales accesibles y adecuados a la infancia y adolescencia.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, propusieron la aplicación de Justicia Restaurativa, modalidad que —según señalaron— ha demostrado reducir significativamente la reincidencia en experiencias implementadas en distintas regiones.
Las entidades también afirmaron que el proyecto presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad por contradecir principios de la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sostuvieron que la reducción de la edad de imputabilidad constituye una medida regresiva en materia de derechos humanos y entra en tensión con la Ley 26.061, que asigna a los adultos y al Estado la responsabilidad principal por el cuidado y protección de niños y adolescentes.
En ese punto, cuestionaron que la iniciativa habilite la intervención penal y la privación de libertad bajo supuestos criterios educativos o curativos, incluso con internaciones de carácter indefinido, y que combine criterios de salud mental con pronósticos criminológicos sin sustento científico. También advirtieron que no se garantiza un sistema penal juvenil verdaderamente especializado, que se habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto, que no se asegura defensa técnica especializada y que se permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad. A ello sumaron la previsión de penas que consideraron desproporcionadas y sin diferenciación razonable entre edades ni entre delitos leves y graves.
En relación con la eficacia de la medida, citaron datos regionales sobre tasas de homicidio cada 100.000 habitantes y señalaron que países con edad mínima de imputabilidad de 12 años presentan cifras más elevadas que Argentina, que mantiene la edad en 16 años y registra una tasa de 3,8. Afirmaron que el ingreso temprano al sistema penal no solo no resuelve el problema sino que lo profundiza y expone a los menores a nuevas formas de violencia.
También indicaron que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es del 0,42% y que alrededor del 80% de los delitos cometidos por ese grupo etario son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los homicidios resultan excepcionales.
Las organizaciones reiteraron que la respuesta al delito juvenil debe ser preventiva y orientada a garantizar condiciones de vida y desarrollo dignas, fortaleciendo las políticas de niñez, adolescencia y familia en articulación con organizaciones comunitarias. Advirtieron que la falta de oportunidades expone a niños y adolescentes al narcotráfico y a un sistema que termina penalizando a los sectores más vulnerables.
En el tramo final, rechazaron que se instale en el imaginario colectivo la idea de que los adolescentes son una amenaza y afirmaron que los verdaderos peligros que atraviesan los barrios son el narcotráfico, el tráfico de armas y la pobreza estructural. En ese marco, citaron declaraciones del Papa Francisco, quien sostuvo que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a niños que no han completado su desarrollo hacia la madurez y, en cambio, ofrecerles políticas de inclusión.
La carta concluye con un llamado a abandonar el “falso dilema” entre hacer algo o no hacer nada y a optar por “hacer lo correcto”. Las entidades sostuvieron que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema, que no están garantizadas las condiciones materiales e institucionales para un régimen penal juvenil serio, que se necesita un enfoque integral con propuestas diferenciadas para prevención, intervención y reinserción, y que resulta imprescindible transformar las condiciones estructurales que generan violencia.
