Comienza en Azul el juicio oral contra el exintendente José Manuel Inza por presuntos delitos ambientales
Desde este martes, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul, comenzará el juicio oral contra el exintendente José Manuel Inza, quien será juzgado junto a dos exfuncionarios de su gestión por la presunta comisión de delitos ambientales vinculados a hechos ocurridos entre 2011 y 2015, durante su administración al frente del municipio.
De acuerdo a lo informado por colegas del diario El Tiempo de Azul, el debate tendrá como imputados, además del médico cardiólogo de 73 años, al abogado Héctor Ricardo Bolpe (71) y a Víctor Federico “Pieri” Saldaño (68), ambos exintegrantes de su gabinete.
La elevación a juicio de las dos causas penales fue formulada el 19 de junio de 2018 por la fiscal Laura Margaretic, quien también representará a la acusación durante el proceso. Los imputados llegan a esta instancia señalados por la probable comisión de delitos de tipo ambiental, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público e infracción a la Ley 24.051, que regula la gestión de residuos peligrosos.
Mientras que Inza está acusado en ambas causas bajo la figura de “concurso real” de delitos, en uno de los expedientes también figura imputado Bolpe y en el otro Saldaño.
En una de las investigaciones continúa involucrado Gonzalo Mariano Añaños (50), titular de la empresa encargada de la recolección de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en unidades sanitarias de Azul. No obstante, en diciembre del año pasado le fue concedida una suspensión de juicio a prueba, mediante una resolución firmada por el juez Correccional de Tandil, Carlos Pocorena.
Uno de los ejes de la acusación está vinculado a la gestión del predio de disposición final de residuos “EcoAzul”. Según se sostiene en la requisitoria, durante la gestión municipal se habrían incumplido deberes vinculados a la normativa ambiental vigente, pese a las advertencias e intimaciones recibidas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y distintos actores sociales.
En ese sentido, la acusación plantea que la falta de medidas para sanear el predio derivó en contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas, generando riesgos para el ecosistema, los recursos naturales y la salud pública.
El otro expediente que será tratado en el juicio refiere a la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en la Unidad Sanitaria N° 6 a fines de 2015. Según la acusación, estos desechos no fueron retirados durante al menos un mes, lo que provocó contaminación ambiental y riesgos sanitarios para trabajadores y vecinos.
En este punto, se le atribuye a Inza, en su rol de jefe comunal, no haber garantizado el pago en tiempo y forma del servicio de recolección contratado para el período julio-diciembre de ese año. En la misma línea, Saldaño —quien entonces era secretario de Gobierno y estaba a cargo del área de Salud— también es señalado por no haber gestionado adecuadamente ese servicio.
La integración del Tribunal que llevará adelante el juicio no será la titular del TOC N° 2. Estará conformada por Carlos Pocorena, la jueza correccional de Olavarría Cecilia Desiata y el magistrado Martín Viceconte. Esta situación fue una de las razones por las cuales el proceso, previsto inicialmente para el año pasado, debió reprogramarse y finalmente comenzará este martes, con audiencias previstas también para los días 27 y 28 de abril.
En cuanto a las defensas, Inza será representado nuevamente por la abogada olavarriense Elda Donatelli, quien ya lo había asistido en el juicio abreviado cuya sentencia se conoció en abril de 2020, cuando el exintendente fue condenado a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos por reiterados incumplimientos de los deberes de funcionario público.
Por su parte, Héctor Bolpe será defendido por María Fernanda Giménez, mientras que Julio Vélez representará a Federico “Pieri” Saldaño.
El origen de una de las investigaciones se remonta a una entrevista publicada por El Tiempo el 13 de noviembre de 2015, en la que el entonces secretario general del SOEMPA, Rubén Rodríguez, denunciaba el estado del predio “EcoAzul” y las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Allí advertía sobre la presencia de residuos a cielo abierto y focos ígneos, en un contexto que consideraba de riesgo para la salud pública.
En relación a la causa por residuos patogénicos, la suspensión de juicio a prueba otorgada a Añaños tiene un plazo de tres años e incluye distintas condiciones: desde la realización de capacitaciones en el Hospital Pintos hasta el pago de una multa y el compromiso de abonar un millón de pesos en concepto de reparación del daño, además de la entrega de insumos para el manejo de este tipo de residuos.
Ese acuerdo fue considerado “razonable” por la fiscal Margaretic, quien además solicitó que los fondos y materiales sean destinados a la Asociación Cooperadora del Hospital Pintos o a la Unidad Sanitaria N° 6.
