Guardia Urbana: un repaso por los puntos más relevantes de la iniciativa de Maximiliano Wesner para reforzar la prevención
El proyecto de ordenanza que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Hacienda del Honorable Concejo Deliberante propone la creación de la Guardia Urbana Municipal. En Línea accedió al expediente y repasa los principales ejes de una iniciativa que regula desde las funciones y competencias del cuerpo hasta la capacitación de su personal y su articulación con las fuerzas de seguridad.

El proyecto de ordenanza que impulsa la creación de la Guardia Urbana Municipal (GUM) continúa avanzando en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría. El expediente, identificado con el número 169/26, obtuvo despacho favorable por mayoría en la Comisión Interna de Seguridad y pasó a la Comisión de Hacienda para continuar con su análisis legislativo.
La iniciativa fue impulsada por el intendente Maximiliano Wesner y defendida ya en el Concejo Deliberante por el secretario de Protección Ciudadana, Elías Emmanuel Quintas. La iniciativa plantea la creación de un nuevo cuerpo municipal de prevención destinado a fortalecer la presencia del Estado en el espacio público, dentro de las competencias propias del Municipio.
En el marco del tratamiento del proyecto, la Secretaría de Protección Ciudadana respondió una serie de pedidos de informes realizados por los distintos bloques de la oposición —entre ellos La Libertad Avanza, PRO y Por Más Libertad— con precisiones sobre aspectos presupuestarios, operativos, salariales y jurídicos de la futura Guardia Urbana.
Los fundamentos de la iniciativa

El proyecto de ordenanza plantea que la seguridad ciudadana requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo y una mayor participación de los gobiernos locales en tareas preventivas.
Según los fundamentos elaborados por el Departamento Ejecutivo, el crecimiento de las demandas vecinales vinculadas a la seguridad y la convivencia requiere fortalecer la presencia municipal en la vía pública, promoviendo acciones de prevención, mediación, educación y control.
La iniciativa se fundamenta en la autonomía política, administrativa y financiera reconocida a los municipios por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. También cita el artículo 27 del Decreto-Ley 6769/58 —Ley Orgánica de las Municipalidades—, que otorga facultades para dictar ordenanzas relacionadas con la seguridad, higiene, salubridad y moralidad pública.
El expediente sostiene que la seguridad no se aborda únicamente mediante la presencia policial, sino también a través de políticas de cercanía, inclusión, participación comunitaria y acceso a derechos.
Financiamiento y régimen laboral

De acuerdo con lo que puede extraerse del proyecto de Ordenanza, los recursos destinados al funcionamiento de la Guardia Urbana surgirán del tesoro municipal y de los fondos asignados a dicha Secretaría.
El Ejecutivo aclaró que no está prevista una partida presupuestaria específica nueva, ya que los gastos iniciales serán absorbidos por la estructura correspondiente a la actual Dirección de Control Urbano.
El artículo 26 del proyecto faculta al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación del nuevo cuerpo.
Los agentes estarán comprendidos dentro del convenio colectivo de trabajo de los empleados municipales y percibirán las bonificaciones correspondientes por régimen rotativo y prolongado.
La jornada laboral prevista será de 48 horas semanales, con turnos ordinarios de ocho horas diarias bajo un esquema rotativo y un franco cada siete días.
Primer despliegue: 16 agentes y capacitación obligatoria

Para la primera etapa de funcionamiento, el Municipio realizó una convocatoria interna y voluntaria mediante la cual fueron seleccionados 16 agentes municipales.
Los trabajadores elegidos ya cuentan con antigüedad dentro de la planta comunal. La estructura administrativa de la Guardia Urbana tendrá además un puesto específico aportado por la Secretaría de Protección Ciudadana.
Las vacantes generadas en las áreas de origen de los agentes serán administradas y reorganizadas por la Dirección de Personal municipal.
El proyecto establece que la capacitación será obligatoria y permanente. Los ingresantes deberán completar el Curso de Instrucción para Agentes Ingresantes, que incluirá formación teórica y prácticas profesionales.
El programa inicial contempla 160 horas cátedra, bajo los lineamientos del Instituto Municipal de la Administración Pública de Olavarría (IMAPO).
La capacitación inicial estará a cargo de 12 docentes: siete pertenecientes al plantel municipal especializado y cinco profesionales contratados bajo régimen de jornalizados.
Además, la formación profesional contará con la intervención del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich. Al finalizar la capacitación básica, los agentes podrán acceder a la certificación correspondiente a la Diplomatura Universitaria en Operaciones de Seguridad Municipal.
El esquema prevé también la posibilidad de continuar estudios durante un segundo y tercer año para alcanzar el título de Técnicos Universitarios en Seguridad Pública y Ciudadana.
Base operativa y absorción de Control Urbano

La sede de la Dirección de la Guardia Urbana Municipal funcionará en el predio donde actualmente se encuentra la Secretaría de Protección Ciudadana, ubicado en Coronel Suárez 870, además de las dependencias operativas del Barrio Pickelado.
Para sus tareas en territorio utilizará los vehículos que actualmente posee la Secretaría de Protección Ciudadana y que están asignados a la ex Dirección de Control Urbano.
Uno de los cambios centrales del proyecto es que la Guardia Urbana absorberá las funciones de contralor administrativo de Control Urbano, área que dejaría de existir dentro del organigrama municipal una vez implementada la nueva estructura.
Los inspectores actuales podrán incorporarse a la GUM siempre que cumplan con las evaluaciones psicofísicas y aprueben el curso de formación inicial.
Aquellos trabajadores que no completen las instancias requeridas serán reubicados dentro de otras áreas de la Secretaría de Protección Ciudadana.
Cómo actuará la Guardia Urbana en la calle

La propuesta define a la GUM como un cuerpo civil orientado a la prevención y la proximidad territorial.
Entre sus funciones estarán:
- Presencia preventiva en corredores escolares, centros de salud y dependencias públicas.
- Recorridas en plazas, parques y espacios recreativos.
- Ordenamiento del tránsito y operativos municipales.
- Intervención inicial ante emergencias, catástrofes o situaciones de conmoción pública.
- Recorridas preventivas en delegaciones y caminos rurales del Partido de Olavarría.
Cada intervención deberá quedar registrada mediante un Acta de Procedimiento Municipal, documento que servirá como respaldo formal ante las autoridades correspondientes.
Principios de actuación y coordinación tecnológica

El artículo 10 del proyecto establece cuatro principios rectores para la actuación de los agentes:
- Juridicidad: todas las acciones deberán ajustarse a las normas vigentes.
- Oportunidad: la intervención deberá responder a situaciones concretas de riesgo.
- Razonabilidad: se priorizará la prevención y la disuasión.
- Proporcionalidad: los medios utilizados deberán guardar relación con la situación planteada.
La iniciativa incorpora además perspectiva de género y diversidad como criterio obligatorio de actuación.
La Guardia Urbana trabajará articuladamente con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) y con la Mesa de Coordinación local establecida por la Resolución 341/20 del Ministerio de Seguridad bonaerense
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Facultades y límites de intervención
La Guardia Urbana será un cuerpo civil complementario de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, sin facultades policiales ordinarias.
Sus agentes tendrán funciones vinculadas al control municipal, fiscalización de faltas y constatación de infracciones, bajo el Código de Faltas Municipales y la Ley Provincial de Tránsito.
El proyecto aclara que no podrán realizar detenciones penales, requisas de ciudadanos o vehículos por razones de urgencia, ni tareas propias de las fuerzas policiales.
La única excepción será la aprehensión civil ante delitos en flagrancia, conforme a la Constitución provincial y al Código Procesal Penal bonaerense.
En esos casos, deberán informar inmediatamente los motivos de la aprehensión, dar intervención a la Policía y evitar interrogatorios o traslados prolongados.
Equipamiento: sin armas de fuego

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición absoluta del uso, portación o tenencia de armas de fuego por parte de los integrantes de la Guardia Urbana.
El equipamiento previsto incluye chaleco de protección balística, esposas y tonfa reglamentaria (bastón PR-24).
El uso de elementos de baja letalidad quedará limitado a situaciones específicas, como defensa propia o de terceros, prevención de delitos flagrantes o control de disturbios.
Nueva estructura jerárquica
La Guardia Urbana funcionará como una Dirección dentro de la Secretaría de Protección Ciudadana.
La estructura prevista contempla:
- Jefatura de la Guardia Urbana: a cargo de un Director responsable de la conducción general.
- Subjefatura de Operaciones: encargada del despliegue operativo.
- Área de Administración: responsable de recursos, personal y bienes.
- Jefaturas de Servicio: vinculadas al despliegue territorial.
El proyecto habilita que algunas jefaturas operativas puedan ser ejercidas por efectivos policiales activos contratados bajo el régimen de Policía Adicional establecido por la Ley 13.942.
Requisitos para ingresar
Los aspirantes deberán:
- Ser ciudadanos argentinos.
- Tener entre 21 y 45 años.
- Contar con estudios secundarios completos.
- Presentar certificados de antecedentes penales.
- Presentar certificado de libre deuda alimentaria.
- Superar evaluaciones psicofísicas.
- Declarar compromiso con la Constitución y las leyes vigentes.
La ordenanza establece prioridad para quienes residan en el Partido de Olavarría y ya sean empleados municipales.
También se valorará contar con licencia de conducir categoría D4.
Quedarán excluidos quienes tengan antecedentes penales, condenas por delitos dolosos, inhabilitaciones para cargos públicos o exoneraciones de la administración pública.
Régimen disciplinario y controles
El personal estará regulado por la Ley Provincial 14.656 de Empleo Municipal y deberá cumplir con pautas de conducta vinculadas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El proyecto establece cuatro niveles de faltas:
- Simples: sancionables con llamado de atención.
- Leves: pueden derivar en apercibimientos.
- Graves: pueden recibir suspensiones de hasta 30 días.
- Muy graves: pueden terminar en cesantía definitiva.
Entre las conductas consideradas muy graves aparece el uso de teléfonos celulares personales durante el servicio cuando afecte la tarea operativa.
También se sancionará la filtración de información sensible o datos confidenciales vinculados al funcionamiento de la institución.
La Secretaría de Protección Ciudadana, mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo, tendrá funciones de auditoría y podrá impulsar sumarios administrativos o denuncias judiciales ante irregularidades.
Con el aval mayoritario otorgado en la Comisión de Seguridad, el expediente continuará ahora su circuito legislativo dentro de la Comisión de Hacienda. De obtener un nuevo despacho favorable, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo pasará a la comisión de Legislación y allí – de lograr despacho favorable- quedará habilitado para su tratamiento definitivo en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, donde se definirá formalmente la aprobación de la ordenanza para la puesta en marcha de la nueva fuerza civil.
