HCD: Con el voto de Fuerza Patria se aprobó la gratuidad en el Hospital Municipal

En el Honorable Concejo Deliberante se trató el expediente recaratulado 371/25 H.C.D., un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal que propone la derogación del artículo 139° de la Ordenanza Fiscal y la modificación del artículo 22° de la Ordenanza Impositiva, con el objetivo de normatizar la gratuidad en el sistema de salud pública local. Durante la misma sesión, se acordó el tratamiento en conjunto con el expediente 129/26, referente a la condonación de deudas acumuladas entre 2020 y 2024 para pacientes con cobertura pública exclusiva. El proyecto oficialista no contó con el acompañamiento de los bloques opositores, quienes rechazaron la iniciativa argumentando la falta de un plan técnico que garantice la sostenibilidad financiera a largo plazo. Una moción de la oposición para que el expediente volviera a las comisiones de Hacienda y Legislación fue rechazada por mayoría.

La defensa del proyecto por parte del bloque oficialista se centró en que la medida responde a un compromiso de campaña, a una obligación legal con la Constitución Provincial y a una necesidad sanitaria para eliminar barreras de acceso en los sectores más vulnerables. Desde la bancada oficialista se aclaró que la tasa asistencial no se elimina, sino que se modifica el sujeto de cobro, trasladando la carga exclusivamente a las obras sociales, prepagas, ART y seguros médicos, eximiendo por completo a las personas físicas. Al respecto, el concejal Federico Aguilera (Fuerza Patria) señaló: «estamos hablando de una determinación de una medida histórica para el municipio y para todos los vecinos: la gratuidad del servicio de salud… lo que dice esta ordenanza es que a los vecinos, a la persona física, al ser humano, no se le va a cobrar más; que solamente se le va a cobrar a las obras sociales». En el mismo sentido, Aguilera explicó que «la tasa por servicios asistenciales será aplicable respecto de las prestaciones médicas asistenciales brindadas por el hospital. La tasa sigue existiendo y queda claro que es para las obras sociales… Sin que en ningún caso la deuda pueda ser trasladada al usuario, más claro imposible».

Frente a los cuestionamientos sobre un posible desborde del sistema, Aguilera argumentó que «a partir de la gratuidad del servicio de salud en el partido de Olavarría no se incrementó la cantidad de pacientes con cierta solvencia económica… El número sigue siendo el mismo, exactamente el mismo». Por su parte, el concejal Nicolás Zampini (LLA) añadió además que «la población que está caracterizada como con posibilidad de pago es menos de un paciente cada 10 consultas, es mínimo el consultante con recursos que va al hospital, mientras que el otro consultante, el que no tiene recursos y al que así le estamos poniendo barreras, es casi 42%». Desde la perspectiva legal y constitucional, la concejal Natalia Alvarez (Fuerza Patria) enfatizó que «nuestra Constitución Provincial determina en su artículo 11 el trato igualitario y la no discriminación… y es muy explícita en el artículo 36 donde determina que la salud debe ser gratuita… Nuestra normativa municipal falla en eso, no cumple con la Constitución Provincial». También Alvarez advirtió sobre las normativas vigentes del Ministerio de Salud: «hay una resolución del Ministerio de Salud del año 2022 que indica que no puede haber un cobro a los usuarios, y si lo hubiera, eso es un impedimento para habilitar cualquier hospital o sala de atención primaria».

Por su parte, los concejales de los bloques opositores manifestaron su preocupación por el impacto económico que la derogación del cobro podría tener sobre las arcas municipales y cuestionaron la sostenibilidad del servicio a largo plazo. Desde la oposición, el concejal Guillermo Lascano (LLA) afirmó: «nadie niega el acceso a la salud a los sectores más vulnerables, pero lo que no se está contando en esta situación es cómo se va a financiar toda esta derogación del gasto en salud, porque una mayor erogación del gasto de salud se traduce en una mayor carga tributaria hacia los vecinos». Asimismo, el concejal Marcelo Pethes (Por más Libertad) indicó que «lo que técnicamente no encuentro en el proyecto es cómo se va a lograr que esto sea sostenible en el tiempo… no porque no estemos de acuerdo con la gratuidad, sino simplemente porque creemos que técnicamente le faltó algo fundamental que es la sostenibilidad del proyecto a largo plazo».

La preocupación por el uso del sistema por parte de sectores con capacidad de pago fue otro de los ejes opositores. El concejal Francisco Gonzales (UCR) señaló: «principalmente lo que hace ruido es que aquel que puede pagar se aproveche de la situación y use todo el sistema de salud público en forma gratuita… No comparto que el municipio de Olavarría tenga que con sus recursos sostener a la atención de aquellos que sí puedan costearla». Para respaldar la preocupación por el financiamiento, el concejal Hilario Galli (PRO) expuso cifras estadísticas sobre el desbalance del sistema de salud: «pre-pandemia estábamos hablando de que rondaba 77% en promedio de lo que salía prestar la atención a lo que volvía en concepto de obras sociales y coparticipación, y post-pandemia ese mismo indicador se fue a un promedio de 131%… En el último año, el 2025, fue de 145%». Además, Galli advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas, señalando que «eliminando este artículo… uno puede estar abriendo una puerta a litigios con obras sociales, prepagas con las que no se tengan convenio dentro del hospital… Me parece que se está perdiendo una herramienta». Finalmente, criticó los tiempos parlamentarios del expediente dentro de las comisiones internas: «las consultas que se realizaron en octubre se respondieron en mayo, entonces de mayo a junio tenemos un mes… Tuvimos un tratamiento completamente exprés en las comisiones para que hoy esté en la sesión».