“Hubo arbitrariedad”: José Arteaga cuestionó la exclusión de AUBASA de las licitaciones de rutas nacionales

El presidente de AUBASA, José Arteaga, conversó con En Línea Noticias y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de excluir a la empresa bonaerense de la licitación para concesionar rutas nacionales. Habló de cambios en las reglas de juego, planteó la existencia de arbitrariedades en el proceso y confirmó que no se descarta avanzar en la Justicia.

“El Gobierno nacional ha decidido ya hace tiempo el parate de la obra pública, desfinanciar Vialidad Nacional y ofrecer trazas nacionales a la iniciativa privada”, señaló. En ese contexto, explicó que desde la Provincia hubo una definición política clara: “El gobernador y el ministro nos instruyen a defender las trazas de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires y a presentarnos como empresa pública de concesiones viales”.

AUBASA se presentó para competir por la concesión de la autopista Riccheri y las rutas 3, 205 y 226, en un proceso que se desarrolló entre febrero y marzo. “Formalizamos todo el proceso, cumplimos con los requisitos del pliego, pero hubo un cambio de reglas de juego, un cambio subrepticio de cláusulas que ya hacía presumir un nivel de arbitrariedad importante”, afirmó. Esa presunción, agregó, se confirmó cuando fueron notificados de la exclusión: “Esto se concretó cuando nos notifican la no calificación de AUBASA en la licitación”.

Entre los puntos cuestionados, Arteaga mencionó modificaciones en las exigencias. “Nos pidieron un balance provisorio 2025 que no estaba requerido. Nosotros presentamos el balance 2024 como correspondía. A otros oferentes les permitieron seguir en evaluación sin haber presentado balances”, sostuvo. También rechazó el argumento sobre la supuesta falta de experiencia en obra pública: “Plantear que AUBASA no hace obra pública directa es desconocer el objeto de esta licitación. Nosotros somos una empresa de concesiones viales” y remarcó: “Esta licitación no es para construir la Ruta 3, es para concesionarla”.

Para el titular de la empresa, la decisión no es solo técnica. “Es una decisión técnica y también política, en el sentido de dejar afuera a una empresa pública bonaerense. No hay argumento alguno para sostener que no hacemos obra”, aseguró. En ese sentido, confirmó que ya se inició el camino administrativo: “Hemos presentado la información respectiva para agotar el proceso administrativo y después evaluar los pasos a seguir”. Y agregó: “No descartamos la judicialización, pero no es una decisión propia de la empresa, sino que depende de la estrategia del Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado”.

Arteaga también se refirió a la importancia del paquete de rutas licitado. “Cuando se suma este paquete a lo que ya administra AUBASA, se genera una conectividad clave entre regiones productivas, puertos y parques industriales”, explicó. De haberse concretado la adjudicación, el impacto hubiera sido significativo: “Eran más de mil kilómetros, casi duplicábamos la red actual”.

En esa línea, defendió la capacidad de la empresa: “AUBASA es una empresa pública saneada, que hace dos años no le pide un peso al Tesoro y financia sus obras con la tarifa que pagan los usuarios”. Y detalló algunas intervenciones en marcha: “Estamos haciendo la autopista Buenos Aires-La Plata a nuevo, terminando la Autovía 2 hacia Mar del Plata, avanzando en la Autovía 11 y haciéndonos cargo de la Ruta 6 con inversiones en infraestructura y seguridad vial”.

Consultado por la situación de la Ruta Nacional 3, uno de los corredores incluidos en la licitación, fue directo: “La conozco mucho. El nivel de preocupación de los usuarios, vecinos e intendentes es unánime respecto del deterioro y la peligrosidad”. Y advirtió: “La decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública incrementa exponencialmente las consecuencias en materia de seguridad vial”. En ese sentido, agregó: “Si a eso le sumamos la reducción de controles en tránsito, las consecuencias se ven en el aumento de accidentes fatales”.

Por último, indicó que ahora resta esperar la respuesta a la impugnación presentada: “Hay que esperar el tiempo razonable de respuesta y, una vez agotada esa instancia, evaluar una posible presentación judicial”.