Tres Arroyos avanza en una normativa para multar a padres por los hechos cometidos por menores
Fuente: La Voz del Pueblo Tres Arroyos
El debate por la inseguridad y los episodios que alteraron la tranquilidad pública en Tres Arroyos abrió una fuerte discusión política en el Concejo Deliberante: el municipio impulsa cambios en el Código Contravencional para endurecer sanciones, ampliar multas y responsabilizar económicamente a padres de menores involucrados en hechos vandálicos, amenazas y disturbios.
La iniciativa surgió tras una serie de episodios registrados en aquella localidad, entre ellos amenazas a instituciones educativas, daños en espacios públicos y distintos ilícitos donde hubo participación de adolescentes. El proyecto, impulsado desde la Secretaría de Seguridad, propone elevar penas y aplicar sanciones económicas a las familias de los menores involucrados.
Aunque el tratamiento continúa en comisión, el tema ya generó coincidencias y tensiones entre oficialismo y oposición.
Uno de los respaldos más firmes llegó desde La Libertad Avanza. El concejal Ignacio Schena defendió el endurecimiento de las medidas y aseguró que la responsabilidad parental ya está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación.
“Estamos a favor de responsabilizar a quienes deban ser sancionados por los hechos que cometen sus hijos”, sostuvo el edil, quien además planteó ampliar el alcance de las infracciones para incluir no solo el consumo de alcohol en la vía pública, sino también drogas y estupefacientes.
Según explicó, el objetivo de las sanciones no sería únicamente económico, sino también preventivo y disuasorio. En ese sentido, consideró que las multas podrían generar un mayor control familiar sobre los menores y acompañó además la posibilidad de aplicar tareas comunitarias como mecanismo reparador.
Sin embargo, dentro del propio debate aparecieron voces que reclamaron una mirada más amplia sobre la problemática juvenil.
La concejal vecinalista María Saavedra coincidió en la necesidad de actualizar el Código Contravencional, aunque advirtió que el proyecto presenta “un agujero” si las medidas se limitan solamente a castigos económicos.
La edil señaló que muchas de las situaciones involucran problemáticas complejas, como consumos problemáticos o conflictos familiares, y remarcó que “no se está atacando el problema del chico”.
En ese marco propuso reactivar el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente para incorporar dispositivos de acompañamiento y escucha destinados a evitar reincidencias.
Saavedra planteó que la discusión no debería quedar exclusivamente bajo la órbita de Seguridad y sostuvo que el proyecto necesita herramientas de contención social para ser verdaderamente efectivo.
Mientras tanto, la iniciativa volvió a la comisión de Legislación para seguir incorporando modificaciones y buscar consensos antes de llegar al recinto.
El debate ya excede lo estrictamente contravencional y pone sobre la mesa una discusión más profunda: hasta dónde puede llegar el Estado municipal para sancionar conductas de menores y cuál debe ser el rol de las familias frente al crecimiento de hechos de violencia urbana y vandalismo juvenil.
