Marcelli cuestionó la causa por abortos y relativizó la responsabilidad de la imputada

Martín Marcelli, titular de la Unidad Funcional de Defensa Penal Número 3 de Olavarría, asumió en principio la defensa de Mónica Moyano en la causa iniciada en la UFI 5 local donde está imputada por “aborto agravado, aborto reiterado y aborto en tentativa todo en concurso real y por ejercicio ilegal de la medicina”.
El funcionario aclaró que la mujer aún no definió si tomará una defensa privada. Además, consultado acerca de su relación con respecto a la segunda imputada, Ana María Leal, expuso que no mantuvo contacto con ella ni tampoco se definieron los intereses que tendría en el marco de la causa, sobre los que no descartó la posibilidad de que fueran contrapuestos a los de Moyano. Sin embargo, tuvo en cuenta que por el turno de la oficina, el rol de Defensa recaería sobre la que él encabeza.

El defensor cuestionó la fortaleza de la investigación que llevó adelante la UFI 5 y apuntó al perjuicio que sufrió Mónica Moyano y su familia en relación al delito que se le imputa. “Ha saltado trágicamente a la fama a partir de un hecho que no tiene tanta trascendencia ni remotamente proporcionada con lo que se le atribuye. Estamos hablando de delitos menores independiente de la precariedad, de la incipiente investigación que todavía, a mi modo de ver, es muy precaria en lo probatorio”, consideró. En este sentido tuvo en cuenta que los delitos “no son retenibles” y que la investigación de la Fiscalía “en lo probatorio no avanzó demasiado”. Más adelante afirmó que el avance de la causa “no pudo esclarecer de modo preciso qué es lo que se está investigando, a dónde se quiere llegar y qué es lo que se pretende”. 

Marcelli insistió con la repercusión del hecho considerado “un delito menor” y señaló “no comparto ese modo de difundir determinadas situaciones y darlas por ciertas cuando no están probadas. Todavía ni siquiera puede decirse que ese hecho está probado, en la consideración de que recién se le recibió declaración como imputada a la señora Moyano”. Y agregó que “en los medios, no sólo la perturbaron a ella como autora de determinados delitos con certeza, sino que además vincularon a familiares que no tienen nada que ver”, en referencia a la mención de uno de los hijos de la mujer, el secretario de Atención Sanitaria municipal Ramiro Borzi.

Tras indicar que no brindaría detalles referidos a la estrategia de defensa, el funcionario manifestó que no se han solicitado pericias, “hasta ahora no vemos motivos para pedir nada”. Y expuso que recomendó a su defendida “que guardara silencio y que tratara de a poquito de volver a hacer su vida normal, pero eso no es tan sencillo”.

“Es un tema para pensar”

Para el titular de la Defensoría 3 debe tenerse en cuenta el debate actual sobre la despenalización del aborto y planteó la duda sobre cómo podrían tomarse las declaraciones según se considere, testigos o imputadas. 

Acerca del aborto, Marcelli expresó “estamos discutiendo todas las semanas a ver si va a dejar de ser delito”. Y agregó luego, “hay una idea generalizada de que el aborto debe dejar de ser un delito, o por lo menos se discute de una manera seria en la sociedad y hay un fallo de la Corte”. Para el defensor, la existencia de esos planteos públicos es contrapuesta a la “trascendencia” mediática del hecho.

Contextualizó sobre la investigación de este delito, “lo que le están imputando es la realización de prácticas abortivas con consentimiento de quien se practica el aborto. Pero es la pregunta del millón: porqué no están imputadas todas las mujeres que se practicaron el aborto y son testigos. ¿Podrán ser testigos?, me pregunto, ¿podrán indicar a la imputada de algún modo con verdad o con mentira? No lo sé. Es un tema para pensar. De un modo nos estamos apresurando en el análisis”.

Para Marcelli el delito es igualmente grave desde la mujer que denuncia haberse hecho una práctica abortiva tanto como a quien se le atribuye la ejecución de la práctica.