El infierno CUMELEN que financiaba el gobierno de la provincia: Violencia y condiciones infrahumanas

El caso CUMELEN fue incorporado en el Informe de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. El informe se desprende de lo sucedido en la comunidad terapéutica en el año 2021, que derivó en varias denuncias y el cierre definitivo de la institución ubicada en la Autopista Luciano Fortabat.

Primero se remarca que CUMELEN como “comunidad terapéutica” estaba habilitada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se trataba de, “un establecimiento asistencial de deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y reinserción de pacientes drogodependientes, con una capacidad para 31 personas”.

Según se reconstruye en el informe el 9 de agosto del 2021 el programa de Salud Mental inspeccionó la comunidad terapéutica y se, “detectaron graves violaciones a los derechos humanos de los 26 jóvenes alojados de entre 14 y 18 años”.

Primero se detectó que “al momento de ingresar a la institución debían permanecer aislados durante aproximadamente 10 días en un espacio de tránsito. Durante ese periodo tenían prohibido comunicarse tanto con el afuera como con las personas de la comunidad, debían permanecer sentados en una silla y sólo accedían al baño autorizados por un operador”. Según se analiza en el informe, “este régimen en soledad, sin contacto humano significativo, se excusaba bajo el argumento de cuidado en el marco de
la pandemia. Sin embargo, esto contradecía el hecho de que los jóvenes se encontraban en espacios de tránsito comunes y no les realizaban ningún tipo de revisión o test para conocer su situación clínica al respecto”.

En CUMELEN, siempre al decir del informe, “no había distinción entre usuarios mayores de edad y niños o adolescentes, todos estaban alojados juntos. Esa diferencia tampoco se manifestaba en abordajes personalizados y/o en vinculación con las trayectorias de vida de cada usuario y la posibilidad de trabajar en la realización de un proyecto de vida posterior al alojamiento en la comunidad” y se remarca que “todos los jóvenes atravesaban el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problema con el que ingresaron a la comunidad”.

Dentro de CUMELEN, “la mayoría de los niños estaban tomando cantidades abrumadoras de
medicación: estaban adormecidos, les costaba hablar y moverse, salivaban de manera excesiva, y tenían temblores y bajas abruptas de presión” y “muchos no sabían qué medicación se les suministraba, desconociendo sus posibles efectos secundarios y se les negaba el acceso a la información sobre la posibilidad de otra estrategia acorde a su situación de salud mental”.

El extenso informe que elaboró la CPM incluye testimonios de quienes estaban alojados en CUMELEN y se cuenta desgarradoras situaciones.

La CPM constató que los jóvenes que residía en la comunidad terapéutica, eran “víctimas de violencia por parte de los operadores de la comunidad. Muchos denunciaron que era una práctica constante que el subdirector los violente, amenace o insulte. Además, en ocasiones, les inyectaba de medicación forzosamente frente a conflictos y reclamos por lo cual su figura siempre despertaba temores”.

Los internados eran víctima de violencia de parte de los operadores

Además de la violencia física, “los jóvenes expresaron que eran maltratados verbalmente por los operadores de manera constante, los insultaban y les decían frases como “acá no tenés derechos”, sumado a apodos estigmatizantes como “pan triste” o “el medicado”. Ejercían discriminación con los niños y jóvenes por su físico, su cuadro de salud mental, su situación familiar o el delito a quienes provenían del sistema de responsabilidad penal juvenil”.

“Los operadores incentivaban que algunos jóvenes agredieran a otros y/o eran cómplices de golpizas, por inacción frente a peleas que suceden a los gritos y en espacios visibles. Incluso, uno de ellos refirió que un joven había sido víctima de abuso sexual”

En el informe queda confirmado y asentado que el 14 de julio del 2021 hubo un suicidio que tuvo como víctima a un niño de 13 años. La CPM denunció que “si bien las autoridades dijeron haber hecho asambleas con los jóvenes, ellos no hicieron ninguna referencia. Al contrario, notaron como efectos de este hecho el recorte del tiempo de las llamadas, el cambio de régimen y la imposibilidad de dormir en sus habitaciones ya que lo hacían todos en el SUM en contra de su voluntad y vulnerando su derecho
a la intimidad“.

Dice la CPM que “desde el personal de la comunidad terapéutica se hostigaba permanentemente a los jóvenes por sus problemas de consumo, diciéndoles que nunca podrían salir de esa situación y que no volverían a ver a su familia” y en ese sentido los jóvenes expresaron que, “sabían que se realizaban informes sobre su desempeño pero no tenían acceso a los mismos, y muchos no sabían a qué instituciones se presentaban; los informes eran usados como objeto de amenazas por el personal. Era un régimen de vida extremadamente violento y punitivo”.

Se expresa en el informe que entre los jóvenes y sus familias existía prácticamente bulo contacto dado que éste era, “obstaculizado por la comunidad” e incluso “podía ser suspendido”. Esto era una de las sanciones.

“Las visitas duraban sólo una hora, con la presencia permanente de personas que vigilaban la conversación, independientemente de la distancia de procedencia y/o el tiempo transcurrido entre los
encuentros y de la situación subjetiva en la que se encontraba el joven en su proceso de vinculación familiar”, dice el informe.

Como se dijo en su momento la mayoría de los jóvenes desconocía datos de su proceso judicial. No sabían que tenían jueces/zas para controlar la legalidad de la internación ni la posibilidad de acudir a un abogado defensor para ejercer sus derechos.

El infierno vivido por quienes estaban en CUMELEN era más grave aún teniendo en cuentas las condiciones edilicias detectadas. “Se observó también un deterioro edilicio en todas las instalaciones. Los espacios eran húmedos y fríos, incluso donde había un precario sistema de calefacción”, dice el informe que además agrega, “el agua caliente era insuficiente y los últimos jóvenes terminaban bañándose con agua fría. Las habitaciones tenían las puertas rotas y/o sin picaportes. Los jóvenes no tenían espacios de privacidad e intimidad para guardar sus pertenencias porque los roperos no tenían puertas. Tampoco podían tener pertenencias propias, como anotadores, que no revisara el personal de la institución”.

A todo lo dicho hay que sumar que cuando la CPM ingresó a la comunidad encontró alimentos vencidos dos años antes.

Se reconstruyó además que los jóvenes sólo tenían acceso al patio los domingos, siempre y cuando no
hubiera sanciones colectivas; tenían restringida la música y las películas ya que no les permitían ver o escuchar contenido que a criterio de los operadores fuera “apologético” (escenas de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, etc.). Realizaban todas las tareas cotidianas para el sostenimiento de la comunidad, desde el mantenimiento edilicio y la limpieza hasta la cocina y la seguridad.

Durante la inspección de la CPM “una operadora interrumpió la entrevista con un joven para solicitarle que se encargara de cocinar la cena. Ningún joven obtenía remuneración por el trabajo realizado ni certificación de los contenidos aprendidos para poder validarlos en una futura inclusión laboral”.

Las violencias padecidas dan cuenta de un régimen de vida semejante al penitenciario, contrario a la LNSM y violatorio de los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes.

Eso no es todo dado que el informe constató además que “los jóvenes alojados en Cumelén padecían torturas constantes materializadas en vigilancia excesiva, sobremedicación, violencia física y verbal, estigmatización y condiciones inhumanas de alojamiento.

Se recuerda que fue presentado un habeas corpus colectivo ante la Cámara de Apelación y Garantías y se formuló la denuncia penal en la Fiscalía General, solicitando la clausura de la comunidad terapéutica; se dio intervención también al OPNyA, CNPT, el Ministerio de Salud y la Defensoría de NNyA.

Debido a estas presentaciones, el 18 de marzo de 2022 desde el Ministerio de Salud informaron que la
Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria había dispuesto la baja el establecimiento y, por lo tanto, la institución dejaba de funcionar.