12 hombres en pugna… por sus propias vidas
Por Carlos P. Pagliere (h.)*
El título de esta columna remite inevitablemente a la célebre película Doce hombres en pugna (12 Angry Men). En ese clásico del cine, doce ciudadanos deliberan para decidir la culpabilidad de un acusado. Tras una intensa discusión, el jurado dicta un veredicto absolutorio y luego cada uno vuelve tranquilamente a su vida.
Luego de que un jurado popular absolviera a Valentino Perrone Carozzo por la muerte de Maia Spinelli en un siniestro vial —pese a pericias que acreditaron alcoholemia de 1,40 g/l, exceso de velocidad superior a 100 km/h en zona de 40 y un auto con sobrecarga de ocupantes—, el edificio judicial fue atacado.
Los doce jurados que acababan de dictar el veredicto, en vez de volver tranquilamente a sus vidas, tuvieron que ser resguardados dentro del tribunal mientras afuera estallaba la violencia.
Manifestantes rompieron vidrios, destruyeron las motocicletas de dos jurados y otros vehículos, e incluso intentaron incendiar el tribunal. Ante el avance de la turba, el personal judicial refugió a los jurados en el piso superior. El juez interviniente también fue agredido: recibió el impacto de medio ladrillo en el pecho y sufrió cortes en el rostro por astillas de vidrio.
En la ficción cinematográfica, doce hombres debaten sobre la vida de otro. En Florencio Varela, durante algunas horas, doce ciudadanos debieron debatirse por su propia vida.
La pregunta inevitable
Una de las fuentes de legitimidad del Estado es que las decisiones sean tomadas por personas capacitadas. Pero cada vez que un jurado dicta un veredicto polémico surge una pregunta elemental: ¿qué conocimientos tienen esos doce jurados para decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona?
Los jurados no poseen formación jurídica. No conocen las reglas procesales, los estándares de valoración probatoria, ni las complejidades del derecho penal. No están entrenados para analizar pericias técnicas ni para detectar contradicciones procesales.
Las falencias del jurado explican lo absurdo de un veredicto que dejó sin condena a Perrone Carozzo.
El sistema supone que el “sentido común” puede sustituir ese conocimiento. Pero el derecho penal moderno nació precisamente para evitar que la libertad de las personas dependa del sentido común de un grupo circunstancial.
Por eso existen los jueces: han estudiado durante años para decidir sobre la libertad de las personas. En cambio, como ironizó el fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, el jurado es “curanderismo jurídico”.
Doce personas sorteadas del padrón electoral —una verdadera lotería institucional— terminan resolviendo casos que pueden implicar décadas de prisión o absoluciones definitivas.
El privilegio del acusado
A esa debilidad de legitimidad se suma otra contradicción. El juicio por jurados se presenta como participación ciudadana en la justicia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la sociedad no decide cuándo se utiliza: la decisión pertenece exclusivamente al imputado.
Es el acusado —y sólo él— quien elige si quiere ser juzgado por jueces profesionales o por un jurado popular. La víctima no tiene ninguna participación.
El resultado es un mecanismo contradictorio: se invoca al “pueblo” para legitimar el sistema, pero quien decide si el pueblo interviene es el imputado. La víctima queda deliberadamente excluida y debe aceptar el veredicto sin objeción.
El discurso que se presenta como democrático termina revelando su verdadera lógica: el jurado es una herramienta procesal que el acusado utiliza cuando cree que le ofrece mayores probabilidades de absolución.
No es el pueblo juzgando. Es el imputado eligiendo quién lo juzga.
Nadie protege a quienes juzgan
El episodio de Florencio Varela revela otro problema: la seguridad de quienes integran el jurado.
Ni siquiera los jueces profesionales —con carrera judicial y respaldo institucional— tienen hoy garantías plenas frente a presiones sociales o criminales. ¿Qué queda entonces para un ciudadano convocado al azar?
Los jurados vuelven a su vida normal una vez terminado el juicio. No tienen anonimato real ni protección permanente.
Cuando un veredicto genera indignación pública, quedan completamente expuestos.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en Florencio Varela: un tribunal atacado y jurados que debieron ser custodiados para evitar represalias.
Del cine a la realidad
En el cine, después del veredicto, los jurados abandonan el tribunal y la historia termina. En Florencio Varela la historia continuó con amenazas, violencia y custodia policial.
La ficción muestra doce hombres deliberando. La realidad mostró algo distinto: doce ciudadanos que, después de juzgar, necesitaron protección para volver a sus casas.
Cuando la justicia termina poniendo en riesgo a quienes deben administrarla, algo esencial está fallando. Y cuando ese riesgo recae sobre ciudadanos convocados al azar, la pregunta va más allá de si el veredicto fue justo.
La pregunta es si el sistema de jurados realmente tiene sentido.
* Juez en la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires. Autor del tratado “Nueva teoría del delito: paradigma voluntarista” (15 tomos). Miembro consultor de la asociación civil Usina de Justicia.
