Desbaratan una banda de «usureros» de nacionalidad colombiana

El lunes pasado, once integrantes de una organización dedicada a la usura fueron detenidos por Gendarmería Nacional. La fuerza federal actuó bajo la instrucción del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad.

Diez de los apresados son de nacionalidad colombiana, el resto argentinos. La banda era básicamente un negocio familiar. Su presunto líder es David Fernando Salazar Herrera, de 30 años de edad, colombiano, con DNI argentino, número 95 millones, su hermano Caros alberto junto a los hermanos José y Jhon Kenedy Quincena, también con direcciones en Hurlingham.

La mayoría de los extranjeros ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinosy luego obtuvieron sus documentos. En su país varios de ellos tienen antecedentes penales. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Migraciones, y a instancias del juez, solicitará en los próximos días la expulsión de los delincuentes.

La banda operaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero había extendido su telaraña en los partidos bonaerenses de Zárate y San Miguel. En los allanamientos se secuestraron 215.955 pesos, 3000 pesos colombianos, 5000 guaraníes y 107 dólares. Pero lo más importantes está en otros papeles.

Por primera vez la Justicia incautó miles de documentos sobre supuestas transacciones y comprobantes –algunos de ellos que datan desde el año 2012- utilizados por la banda para cobrar los préstamos usurarios. En la parte superior de los rústicos talonarios donde asentaban los importes abonados por los clientes, y con un sello de color rojo se destacaba la fecha del pago. Se pueden leer rubros insólitos, por ejemplo «artesanías colombianas».

La modalidad de usura «gota a gota», que selecciona a sus víctimas entre los más vulnerables, aquellos que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican por los requisitos usualmente solicitados como un recibo de sueldo formal crece cada vez más en la Argentina, operada por prestamistas oriundos de Colombia.

Pero, ocasionalmente, algunas de estas redes mafiosas cae.

El lunes pasado, once integrantes de una de esas organizaciones fueron detenidos por Gendarmería Nacional. La fuerza federal actuó bajo la instrucción del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad.

Diez de los apresados son de nacionalidad colombiana, el resto argentinos. La banda era básicamente un negocio familiar. Su presunto líder es David Fernando Salazar Herrera, de 30 años de edad, colombiano, con DNI argentino, número 95 millones, su hermano Caros alberto junto a los hermanos José y Jhon Kenedy Quincena, también con direcciones en Hurlingham.

La mayoría de los extranjeros ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinosy luego obtuvieron sus documentos. En su país varios de ellos tienen antecedentes penales. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Migraciones, y a instancias del juez, solicitará en los próximos días la expulsión de los delincuentes.

La banda operaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero había extendido su telaraña en los partidos bonaerenses de Zárate y San Miguel. En los allanamientos se secuestraron 215.955 pesos, 3000 pesos colombianos, 5000 guaraníes y 107 dólares. Pero lo más importantes está en otros papeles.

Por primera vez la Justicia incautó miles de documentos sobre supuestas transacciones y comprobantes –algunos de ellos que datan desde el año 2012- utilizados por la banda para cobrar los préstamos usurarios. En la parte superior de los rústicos talonarios donde asentaban los importes abonados por los clientes, y con un sello de color rojo se destacaba la fecha del pago. Se pueden leer rubros insólitos, por ejemplo «artesanías colombianas».

Los préstamos siempre eran en efectivo, rápidos, se otorgaban en menos de dos horas, sin requisitos. Se aclaraba la tasa de interés a abonar, que comenzaba de forma mensual, para convertirse rápidamente en pagos hechos cada semana. Había varias formas de encontrar a los usureros: se promocionaban a través de volanteros en la calle, en el mercado de Pompeya, en Barracas, Constitución, en la estación de San Miguel o la de Liniers, atendían en pequeños locales que no duraban mucho, tiendas transitorias, como una mueblería en San Miguel a tres cuadras de la plaza principal del municipio. Detrás de la carnada de las mesas y sillas de pino, aparecerá el ofrecimiento de los supuestos préstamos acomodados a las necesidades de cada cliente.

Así, comenzaba un espiral descendente, de la usura a la golpiza, de la violencia económica al puño en la cara.

Ante el apuro y las necesidad, las víctimas no advertían que terminarían devolviendo a los prestamistas hasta quinientas veces más que el dinero solicitado. Cuando no podían seguir pagando, ya ahogados económicamente, los «rompehuesos», sicarios y golpeadores contratados por las redes corruptas, los visitaban en sus hogares o en los pequeños comercios que armaron con los préstamos. Las visitas no eran precisamente para tomar café. Los mafiososamenazaban, incluso con asesinar a sus hijos o padres.

Si la coacción no resultaba, la segunda tertulia era menos amena aún. En este caso, eran dos los amedrentadores. Uno, el que conduce la moto, se queda en la vereda; el cómplice ahorra palabras, golpea a la víctima. Se registraron casos en que el agredido perdió dientes, sufrió la fractura de costillas o la quebradura de un brazo.

En algunos casos no llegan a cruzar palabras. Las fachadas de las casas o los comercios de las víctimas eran baleadas desde motos.

El salvajismo era tal que en Tartagal, en la provincia de Salta, Dalma, una joven de apenas 20 años, se ahorcó en su domicilio porque estaba amenazada por los prestamistas: su muerte dejó huérfanos a dos niños.

Catalina, su madre, denunció públicamente el 29 de mayo pasado que usureros colombianos le habían prestado 15 mil pesos bajo condiciones que Dalma podía afrontar. Sin embargo, de repente, los prestamistas cambiaron las condiciones, el interés de la tasa se quintuplicó y los pagos ya no serían cada treinta días, sino cada siete.

La abuela de los dos niños le dijo al diario El Tribuno, que Dalma tomó la dramática decisión porque «estaba desesperada por las constantes amenazas de los colombianos que amenazaron con matar a sus hijos si no pagaba».

Fuente: Infobae