CONADUV cuestionó el peaje en la Ruta 6 y pidió a Katopodis que frene el cobro
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial presentó un reclamo administrativo y advirtió que un fallo judicial de 2017 ordenó a AUBASA abstenerse de cobrar sin autorización legislativa y audiencia pública. También cuestionó los aumentos y la falta de un organismo de control independiente.
La discusión por el cobro de peaje en la Ruta Provincial 6 sumó un planteo administrativo contra el Gobierno bonaerense. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) intimó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, a suspender el cobro y revisar las resoluciones que dieron marco a las actualizaciones tarifarias.
El argumento central no es solamente económico: la entidad sostiene que existe un fallo judicial vigente que condiciona el cobro a una habilitación legislativa expresa y a la realización de una audiencia pública. La resolución fue dictada en 2017 por el juez Luis Arias y, según CONADUV, alcanza a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), concesionaria que percibe los peajes.
La presentación fue realizada por el director ejecutivo de la entidad, Jorge Zatloukal, con el patrocinio de la abogada Julieta Ripoli. Además de reclamar que se interrumpa el cobro, solicitaron suspender los efectos de las resoluciones 475 y 767 y revisar el esquema de actualización de las tarifas.
Los aumentos, bajo cuestionamiento
CONADUV puso el foco en la recomposición adicional del 23,81% y en el mecanismo de actualización trimestral automática que alcanza a las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales. La entidad cuestiona que los incrementos no estén respaldados por información suficiente y verificable sobre los costos de la concesión, las obras ejecutadas y el mantenimiento de la ruta.
También reclama que se informe qué aportes presupuestarios recibe AUBASA y cómo se evita que el peaje termine financiando tareas ya cubiertas con fondos públicos. Para la organización, los ajustes deben contrastarse con la evolución de los precios, los salarios y la canasta básica, en lugar de justificarse únicamente mediante una fórmula automática.
Otro punto de la impugnación es la falta de un organismo regulador independiente. CONADUV advierte que la Provincia concede la explotación vial, autoriza las tarifas y fiscaliza a la misma empresa que cobra los peajes. Esa concentración de funciones, sostiene, debilita las garantías de control y transparencia.
“¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra?”, planteó la abogada Julieta Ripoli. La representante legal afirmó que el interés financiero de la concesionaria no debe confundirse con el interés público ni prevalecer sobre la protección de los usuarios.
“No hay caminos alternativos libres de pago”
Ricardo Lasca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador de CONADUV, pidió que las autoridades provinciales respondan favorablemente al reclamo y evitó dar por descartada una eventual instancia judicial.
“Esperamos no tener que recurrir a la Justicia, confiando en que tanto el gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos hagan lugar a nuestro reclamo”, expresó. Luego vinculó el planteo con la situación económica y con lo que considera una triple imposición tributaria.
Lasca también sostuvo que la falta de caminos alternativos gratuitos agrava el problema y calificó el cobro como “claramente inconstitucional”.
Por ahora, el planteo de CONADUV está dirigido al Ministerio de Infraestructura bonaerense. La entidad reclama que se suspenda el cobro y se revisen tanto su sustento legal como los criterios utilizados para fijar y actualizar las tarifas.
