Condenan a un ex fiscal por integrar una asociación ilícita y participar en un despojo rural en San Miguel del Monte
La Justicia bonaerense dictó un veredicto condenatorio contra Rodolfo César Robatto, ex agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Cañuelas, al considerarlo penalmente responsable de haber integrado una asociación ilícita y de haber participado en un hurto campestre y una estafa, delitos cometidos en el marco de una prolongada ocupación ilegal de un campo rural ubicado en el partido de San Miguel del Monte. El fallo reconstruye con detalle una maniobra iniciada en 2009 y subraya la gravedad institucional del accionar atribuido a un funcionario judicial.
La decisión fue adoptada por un tribunal penal de La Plata, que previamente declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado, al verificar que se ajustaba a las exigencias legales y que el imputado había prestado su consentimiento de manera libre. El juez interviniente fue designado conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal bonaerense.
Los hechos que motivaron la condena se remontan a octubre de 2009, cuando, según dio por probado el tribunal, al menos siete personas conformaron una organización estable destinada a cometer delitos patrimoniales. El plan se apoyó en la utilización de documentación falsa, principalmente boletos de compraventa apócrifos, que simulaban una cadena de transferencias sobre un campo ubicado a la vera del río Salado, en la localidad de Videla Dorna.
A partir de esos documentos, Claudio Daniel Báez se presentó ante la fiscalía y solicitó autorización para tomar posesión del inmueble. Esa autorización fue otorgada por Robatto, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal y no tenía competencia legal para habilitar el ingreso ni la entrega de un campo. Con ese aval, Báez y otras personas ingresaron al predio, reemplazaron cadenas y candados, desplazaron a la propietaria legítima, Mirta Carmen García, y se instalaron en el lugar durante varios años.
El fallo considera acreditado que la ocupación no solo implicó el control ilegítimo del inmueble, sino también el apoderamiento de bienes muebles y de la producción agrícola existente en el campo. En particular, se comprobó la apropiación de parte de la cosecha de avena y de diversas herramientas e insumos rurales que pertenecían a la dueña del predio.
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es el análisis del rol desempeñado por Robatto. Para el tribunal, el ex fiscal no actuó como un funcionario que se excedió de manera aislada, sino como un integrante activo del entramado delictivo. Los jueces destacaron que su conducta fue decisiva para dar apariencia de legalidad a la maniobra, tanto al autorizar el ingreso al campo como al permitir el retiro de la cosecha y al desestimar, en los hechos, la denuncia por usurpación formulada por la propietaria.
En ese sentido, la resolución remarca que Robatto omitió verificar la autenticidad de los documentos aportados por los ocupantes, desatendió la prueba dominial presentada por la denunciante y, finalmente, archivó la causa bajo el argumento de que se trataba de un conflicto de naturaleza civil. Para el tribunal, esa decisión no fue neutral ni inocua, sino que consolidó el despojo y permitió que los ocupantes continuaran beneficiándose económicamente del campo.
Respecto del hurto campestre, la sentencia explica que el delito se configuró aunque la cosecha hubiera sido realizada por terceros de buena fe, ya que el apoderamiento ilegítimo se consolidó una vez separados los frutos del suelo y retirados por orden de quienes ocupaban ilegalmente el predio. A ello se sumó la desaparición de herramientas, maquinarias e instrumentos de trabajo, cuya ausencia fue constatada al momento del desalojo, ocurrido casi cinco años después de iniciada la ocupación.
Si bien durante el extenso trámite del proceso algunas imputaciones quedaron extinguidas por prescripción —entre ellas, falsa denuncia, abuso de autoridad y usurpación—, el tribunal aclaró que ello no neutraliza la relevancia penal ni institucional de los hechos acreditados. Por el contrario, destacó que el núcleo del caso reside en la utilización del poder estatal para facilitar un ataque sostenido contra la propiedad privada.
La sentencia pone especial énfasis en la gravedad institucional del caso, al tratarse de un funcionario judicial que, lejos de cumplir su deber de protección de la legalidad, habría puesto el aparato del Estado al servicio de intereses ilegítimos. En ese marco, los jueces subrayaron que la confianza pública en el sistema de justicia se ve seriamente afectada cando quienes deben garantizar el acceso a la ley participan de maniobras delictivas.
El caso Robatto adquiere relevancia no solo por la complejidad de los hechos y el tiempo transcurrido desde su inicio, sino también porque expone las consecuencias del abuso de poder dentro del sistema judicial y la importancia de los mecanismos de control y revisión institucional. La reapertura de la investigación, tras el archivo inicial, permitió reconstruir lo sucedido y arribar a una condena que envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
