La Justicia Federal ordenó medidas «urgentes» de seguridad vial en la RN N°3 entre Azul y Cacharí
Lo camaristas revocaron una sentencia de primera instancia y dictaron una medida cautelar que había solicitado la Municipalidad de Azul.
La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Azul y ordenó al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a la empresa Corredores Viales S.A. ejecutar de manera inmediata tareas de señalización, ordenamiento vehicular y reparaciones sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.
Vale mencionar que desde el 1 de julio de este año la empresa Corredores Viales S.A ya no tiene la concesión de ese tramo de ruta que ahora está en manos de Corresur.
La decisión revocó una resolución del Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado inicialmente la solicitud, y dispuso que los organismos responsables adopten medidas concretas para mejorar las condiciones de circulación en uno de los sectores señalados por su peligrosidad vial.
El fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata se sustentó, entre otros elementos, en un informe de siniestralidad elaborado por el Destacamento Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que registró 11 siniestros viales durante el último semestre en ese tramo de la ruta.
Además, los jueces valoraron un relevamiento fotográfico y fílmico realizado por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Azul de la Policía Federal Argentina, en el que se constataron distintas deficiencias en la calzada: baches, hundimientos, huellas producto del alto tránsito y falta de señalización horizontal, con especial gravedad en el sector comprendido entre los kilómetros 273 y 291.
La resolución fue firmada por los jueces de Cámara Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez, quienes ordenaron la implementación de distintas medidas de carácter urgente.
Entre las acciones dispuestas se encuentran:
- La colocación de señalización preventiva en los sectores comprometidos, con carteles de advertencia, reducción de velocidad y dispositivos de visibilidad nocturna o balizamiento.
- La implementación de medidas de ordenamiento vehicular, como desvíos, encauzamientos o restricciones parciales de circulación, de acuerdo con las evaluaciones técnicas correspondientes.
- La ejecución de reparaciones provisorias urgentes en las zonas consideradas de mayor peligrosidad para los conductores.
Según lo dispuesto por el tribunal, la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A. deberán presentar ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul, en un plazo de 10 días hábiles, un plan inicial de cumplimiento y acreditar el inicio efectivo de los trabajos.
Asimismo, la Cámara fijó un plazo máximo de 120 días corridos para la ejecución total de las obras, bajo control judicial, y estableció la obligación de presentar informes mensuales detallados sobre el avance de las tareas realizadas.
