Denuncias por violencia de género: La Suprema Corte volvió a advertir errores en Olavarría y pidió reforzar la capacitación policial
La resolución fue firmada este lunes y ordenó comunicar al Ministerio de Seguridad de la Provincia las irregularidades detectadas en la recepción de una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. El máximo tribunal ya había realizado observaciones similares en causas anteriores.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a advertir deficiencias en la recepción de denuncias vinculadas a situaciones de violencia de género en Olavarría y dispuso comunicar lo sucedido al Ministerio de Seguridad bonaerense para que evalúe reforzar la capacitación del personal policial encargado de esas tareas.
La decisión fue adoptada este lunes 6 de junio, al resolver un conflicto de competencia originado tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 en la Comisaría de la Mujer y la Familia local por presuntos hechos de violencia sexual.
Más allá de definir que la causa deberá continuar tramitándose en el ámbito penal, los ministros pusieron el foco en la actuación policial durante la recepción de la denuncia y observaron una utilización incorrecta del Formulario Único Estandarizado aprobado por la Resolución 2209/21.
El expediente se inició luego de que una mujer denunciara hechos de violencia sexual que habrían ocurrido cuando tenía 16 años. Tras la intervención inicial del Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, el caso derivó en una discusión entre distintos fueros acerca de quién debía intervenir.
Finalmente, la Suprema Corte concluyó que los hechos denunciados podrían configurar un delito y que no encuadraban dentro de los supuestos de violencia familiar o violencia de género en el ámbito doméstico previstos por la Ley 12.569.
En ese marco, los jueces consideraron que la utilización del formulario específico para violencia familiar no se ajustaba a las características del caso.
“Indudablemente, el accionar del personal policial que intervino en la recepción de la denuncia expone la incorrecta utilización del formulario único”, sostuvo la resolución.
Un antecedente que la propia Corte recordó
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Suprema Corte destacó que no se trata de un hecho aislado.
Los ministros señalaron que la misma problemática ya había sido advertida en una resolución dictada en diciembre de 2024, cuando se detectaron situaciones similares vinculadas al uso del formulario en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría.
Aquella situación incluso había motivado una requisitoria dirigida al Ministerio de Seguridad provincial para fortalecer la capacitación del personal policial encargado de la recepción de denuncias.
Por ese motivo, el máximo tribunal entendió que correspondía volver a poner en conocimiento de la cartera de Seguridad las irregularidades detectadas en el nuevo expediente.
“Resulta necesario llevar a conocimiento del Ministerio de Seguridad las irregularidades observadas en la utilización del Formulario único estandarizado para que evalúe la necesidad de reforzar la capacitación permanente del personal policial que se encuentra a cargo de la toma de denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad de Olavarría”, afirmaron los jueces.
Qué resolvió la Corte
En su decisión, la Suprema Corte declaró competente para continuar interviniendo al Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Olavarría, al considerar que los hechos denunciados deben ser abordados dentro de una investigación penal preparatoria.
Además, ordenó comunicar formalmente lo sucedido al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que analice si corresponde profundizar la capacitación del personal policial respecto de los supuestos en los que debe utilizarse el Formulario Único de denuncias previsto para situaciones de violencia familiar y de género en el ámbito doméstico.
La resolución deja expuesta una preocupación que el máximo tribunal bonaerense ya había manifestado anteriormente: la necesidad de garantizar una correcta recepción y encuadre de las denuncias para asegurar el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
