Se aprobó la ampliación del régimen de Zona Fría

La iniciativa se convirtió en ley con el voto favorable de 51 senadores nacionales y 12 negativos.

El senador por San Juan, José Rúben Uñac (FdT) fue el miembro informante de la iniciativa que arribó con media sanción de la Cámara de Diputados. La norma beneficiará con una reducción del 30 y 50 por ciento en las tarifas de gas a unos cuatro millones de usuarios de distintas provincias.

El legislador destacó que el proyecto arribó a la Cámara alta con un amplio consenso. Señaló que la iniciativa «da respuesta a un reclamo de muchos años de un grupo de usuarios que sobrellevan muy bajas temperaturas climáticas».

En su exposición, realizó un resumen del tema en debate, que entre otras consideraciones establece los siguientes puntos:

Se prorroga el plazo de vigencia del régimen establecido en el artículo 75 de la ley

25.565 (Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas) hasta el 31 de diciembre de 2031.

Se sustituye el párrafo cuarto del artículo 75 de la ley 25.565, que disponía que el Ministerio de Economía tenía la facultad de aumentar o disminuir en hasta un 20 % el recargo del 7,5 % en el precio del gas natural destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. En la redacción actual se dispone que el Poder Ejecutivo estará facultado para aumentar o disminuir el recargo en hasta un 50 %.

Se dispone que para las regiones Patagónica, departamento Malargüe de la provincia de Mendoza y la región conocida como Puna continuarán los beneficios de la aplicación del régimen para los usuarios residenciales del servicio de gas natural y gas propano indiluido por redes, los que serán equivalentes al 50 % de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS. La tarifa diferencial establecida en este artículo no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.

Se establece la ampliación del beneficio establecido en el punto a) del párrafo primero, del artículo 75 de la ley 25.565 a la totalidad de las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IlI a, IV a, IV b, IV c, IV d, V y VI (especificadas en el anexo I), de las zonas bio-ambientales utilizadas por ENARGAS que no estaban incorporadas al régimen vigente. Las localidades dentro de las subzonas IlI a, IV a, IV b, IV c, IV d, V y VI, anexo I de la presente ley, y las que en un futuro seas abastecidas por el servicio público de gas natural y propano por redes obtendrán en forma automática los beneficios establecidos. Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural por redes y gas propano indiluido deben percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos de los beneficiarios del régimen.

Para las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades que se incorporan al régimen vigente, los cuadros tarifarios diferenciales para los usuarios residenciales del servicio de gas natural y propano y todos los usuarios del servicio general de localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes que se apliquen en el marco de este régimen serán equivalentes al 70 % de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS, con la excepción de los usuarios residenciales que satisfagan alguno de los siguientes criterios, a quienes se les aplicará un cuadro tarifario equivalente al 50 % del cuadro tarifario pleno:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

Titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos

no superiores a 4 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Usuarios y usuarias inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras

en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a

4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 4 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

Electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la ley 27.351.

Usuarios y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para

Empleados de Casas Particulares de la ley 26.844 (Régimen para el Personal de

Casas Particulares).

Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En el cierre del debate, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) señaló que «la matriz energética fue uno de los dolores de cabeza de un Estado que mira a corto plazo». También dijo que «el gobierno detrás de buenas intenciones cae en un deja vu, intentando políticas del pasado que no nos llevaron a buenos resultados». Subrayó que «el problema no es el subsidio sino el déficit» y que «dos de los tres pesos de subsidios que se utilizaron entre el 2003 y el 2015 fueron para los sectores más acomodados de la sociedad». Afirmó que «el beneficio del proyecto es profundamente injusto» y que «el Estado tiene que estar presente para los sectores más vulnerables». Naidenoff se preguntó «para quién estamos tomando esta decisión con un subsidio indiscriminado. No se trata de una puja entre zonas geográficas sino que es necesario que el subsidio sea focalizado».

El titular del bloque oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT) señaló que «el proyecto viene con un amplio consenso y aspira a cumplir con un derecho social, garantizar un derecho, un derecho humano». En ese sentido dijo que «hay que tener un plan estratégico para que cada argentino, viva donde viva, tenga acceso a esos bienes, tanto en materia de gasoductos, como de energía eléctrica».

Mayans afirmó que «en el gobierno de Macri no se sinceraron las tarifas sino que se dolarizaron los servicios. En ese punto dijo que las empresas energéticas fugaron durante el año 2019, unos 7.500 millones de dólares». Recordó que «en el 2008 había Pymes, jubilados y muchos sectores humildes que no sabían qué hacer para poder pagar las facturas de los servicios». Concluyó que «el proyecto es un comienzo de justicia para cerca de cinco millones de argentinos, haciendo una política para que pueda crecer la producción en la Argentina».