Amenazas en escuelas: hubo unas 1.000 denuncias en la provincia y avanzan con cargos a familias
La escalada de amenazas de tiroteos en escuelas sigue generando preocupación y ya derivó en acciones judiciales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con mensajes intimidatorios.
Los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales y, además de investigaciones penales, comenzaron a surgir medidas para que las familias de menores identificados afronten costos derivados de los operativos.
En Olavarría también hubo episodios recientes. La semana pasada se registraron más de media docena de denuncias por amenazas en establecimientos educativos del distrito, en un contexto en el que este tipo de hechos se replicaron en distintos puntos de la provincia.
En Moreno pidieron embargos contra padres de alumnos involucrados en amenazas. La investigación, a cargo de fiscalías del fuero de Responsabilidad Juvenil, permitió identificar a siete menores presuntamente vinculados a intimidaciones contra escuelas, dos de ellos de 16 años.
A partir de la pesquisa se realizaron allanamientos en los que fueron secuestradas armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos. Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública.
Según se informó, la Justicia analiza avanzar con embargos para cubrir costos vinculados a investigaciones, procedimientos policiales y eventuales cambios en protocolos escolares.
También en Mar del Plata resolvieron que familias afronten gastos de operativos. Allí, el Ministerio Público dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas podrían responder por los costos generados por los despliegues policiales y otros daños derivados.
La medida se da en medio de una fuerte preocupación por la cantidad de casos registrados. Solo en el Departamento Judicial de La Matanza se habrían recibido unas 200 denuncias, mientras que en Moreno se contabilizaron alrededor de 70.
El fenómeno también se replicó fuera de la provincia. En Santa Fe, donde hubo decenas de denuncias en una sola jornada, también se analiza trasladar a las familias los costos de estos operativos, cuyo despliegue tendría un fuerte impacto económico.
La sucesión de amenazas, muchas difundidas a través de redes sociales o mediante mensajes en escuelas, activó protocolos de seguridad y profundizó el debate sobre responsabilidades, sanciones y prevención frente a este tipo de hechos.
