Infracom: dos fallos laborales dictados en los últimos meses terminaron en condenas por más de $240 millones
En ambos expedientes Infracom adelantó que irá a la Suprema Corte Bonaerense para pedir la revisión de ambas sentencias.
El Tribunal de Trabajo de Olavarría dictó en los últimos meses dos sentencias contra Infracom Olavarría S.A. que, consideradas en conjunto, determinaron condenas por $240.253.384,55, aunque por fundamentos diferentes y a partir de dos demandas iniciadas por extrabajadoras de la empresa.
Los expedientes presentan algunos puntos de contacto. Ambas relaciones laborales se extendieron durante alrededor de dos décadas y en las dos causas se describió un contexto de cambios en las tareas, exigencias vinculadas con la actividad comercial y situaciones de estrés laboral. Sin embargo, el Tribunal analizó cada caso de manera independiente y a partir de la prueba producida en cada expediente.
Un aspecto coincidente es que el Tribunal no tuvo por acreditado el hostigamiento laboral denunciado en ninguno de los dos procesos. Los magistrados analizaron las comunicaciones, los testimonios y las pericias producidas y concluyeron que no existían elementos suficientes para afirmar que hubiera existido una conducta sistemática de persecución, amenazas, humillaciones o maltrato laboral.
Las condenas se apoyaron, en cambio, en otros incumplimientos que el Tribunal consideró acreditados.
Una de las causas: salarios impagos y tutela sindical
En uno de los expedientes, la trabajadora había iniciado su relación laboral en 2007 y se consideró despedida indirectamente luego de que la empresa dejara de abonar determinados salarios y otros conceptos.
El Tribunal consideró que la decisión de la trabajadora estaba justificada. Uno de los elementos centrales fue que, en un expediente relacionado con la tutela sindical, el propio Tribunal había dispuesto previamente una medida cautelar que establecía la suspensión preventiva de la trabajadora con continuidad del pago de los salarios.
La sentencia concluyó que la falta de pago configuró un incumplimiento suficientemente grave como para justificar la ruptura del vínculo.
Además, el Tribunal reconoció que la trabajadora se encontraba alcanzada por la tutela sindical prevista en la Ley 23.551, por su condición de integrante suplente de la representación sindical. Esa protección generó una indemnización adicional vinculada con el período de estabilidad sindical.
En este expediente también se había reclamado que las dolencias de salud tenían origen laboral. Ese planteo fue rechazado respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo, ya que los peritajes no permitieron establecer con el grado de certeza requerido una relación causal entre las patologías denunciadas y las condiciones laborales.
La condena contra Infracom fue fijada finalmente en $144.817.127,54, incluyendo los distintos rubros indemnizatorios, salariales y derivados de la tutela sindical, con actualización e intereses conforme el criterio adoptado por la mayoría del Tribunal.
La segunda causa: un despido con causa que no pudo ser acreditado
El segundo expediente corresponde a una relación laboral iniciada en 2006 y presenta un conflicto diferente.
En este caso fue la empresa la que dispuso el despido directo, invocando una causa vinculada con certificados médicos y la extensión de las licencias laborales. Infracom sostuvo que la trabajadora había presentado certificados que no se correspondían con su situación clínica y que había incurrido en una conducta que implicaba una pérdida de confianza.
El Tribunal consideró que la empresa no logró probar esa conducta.
Uno de los elementos valorados fue especialmente relevante: los registros de la propia medicina laboral de la empresa mostraban que, en una instancia anterior, se había considerado que la trabajadora presentaba síntomas y no se encontraba en condiciones de regresar a sus tareas. Que posteriormente otros controles determinaran una evolución favorable no permitió demostrar que los certificados anteriores hubieran sido falsos o que la trabajadora hubiera actuado de mala fe.
Tampoco se acreditó que hubiera falsificado o adulterado documentación médica ni que hubiera recibido una orden concreta de reintegro que deliberadamente hubiera incumplido.
Por ese motivo, el despido con causa fue considerado injustificado.
En este expediente, además, el Tribunal reconoció diferencias salariales porque la empresa había encuadrado a la trabajadora en una categoría correspondiente a establecimientos con entre 2.500 y 5.000 líneas, cuando la prueba producida permitió establecer que durante un período determinado Infracom superaba las 5.000 líneas, por lo que correspondía una categoría salarial superior.
Las diferencias salariales históricas fueron calculadas en $238.508,35, a las que se sumaron otros rubros indemnizatorios y la sanción prevista por deficiente registración laboral.
La condena final contra Infracom fue establecida en $95.436.257,01, con actualización conforme el criterio fijado en la sentencia.
Dos causas diferentes
Los dos fallos muestran que, aunque existieron elementos de contexto coincidentes, el Tribunal analizó cada conflicto a partir de la prueba producida en cada expediente.
En ninguno de los dos procesos se consideró acreditada judicialmente una situación de hostigamiento laboral. En cambio, en una causa se determinó que la falta de pago de salarios y la tutela sindical generaban consecuencias indemnizatorias, mientras que en la otra se concluyó que la empresa no había demostrado la causa invocada para el despido y que además existían diferencias salariales pendientes.
En conjunto, las dos sentencias representan condenas por más de $240 millones, aunque se trata de procesos independientes, con hechos, reclamos y fundamentos jurídicos diferentes.
Los fallos fueron dictados por el Tribunal de Trabajo de Olavarría y contienen además distintos criterios de los magistrados respecto de la actualización de los créditos laborales y la aplicación de normas sancionatorias.
