La justicia de CABA sienta un precedente clave para el interior por la regulación de UBER y otras aplicaciones
Un reciente fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires estableció nuevas exigencias para los conductores de plataformas como Uber, DiDi y Cabify. La resolución determina que quienes presten este servicio deberán contar con licencia de conducir profesional y seguros específicos, igualando las condiciones de seguridad que actualmente rigen para taxis y remises.
Si bien la sentencia corresponde a la jurisdicción porteña, la decisión judicial es seguida de cerca en el interior del país, donde el desembarco de estas aplicaciones ha generado conflictos legales y gremiales debido a la falta de un marco regulatorio claro.
El fallo rechaza el argumento de las empresas sobre el uso de la figura de «transporte privado» bajo el Código Civil y Comercial. Por el contrario, los magistrados definieron la actividad como un servicio de transporte de pasajeros sujeto al poder de policía local. Bajo esta premisa, se consideró que no es admisible que un sector soporte fuertes cargas regulatorias mientras las plataformas operan «de facto» sin cumplirlas.
En términos prácticos, la Justicia ordenó que los choferes de aplicaciones obtengan una licencia profesional y contraten coberturas de seguro específicas para el transporte de personas, incluyendo responsabilidad civil y protección para pasajeros.
Además, el tribunal instó a las autoridades a incrementar la fiscalización y avanzar en el cobro de Ingresos Brutos a las compañías, que desarrollan actividad económica sin estar debidamente inscriptas. El fallo marca un antecedente jurídico de peso para los municipios del resto de las provincias, que ahora cuentan con una base legal para exigir la profesionalización del servicio y evitar la competencia desleal con el sistema de transporte tradicional.
