La AJB denunció la falta de resolución en causas por violencia laboral y de género en el Poder Judicial bonaerense
Al cierre de 2025, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a denunciar la persistencia de situaciones de violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial, y reclamó definiciones urgentes por parte de los Jurados de Enjuiciamiento en causas que involucran a magistrados, magistradas y funcionarios judiciales.
Desde el gremio afirmaron que no hay acceso real a la justicia posible si quienes ocupan cargos de conducción reproducen prácticas de acoso, abuso de poder y maltrato hacia trabajadoras y trabajadores judiciales. En ese sentido, calificaron como “innegociable” la erradicación de estas conductas del sistema judicial.
Según informó la AJB, el año finaliza sin resoluciones definitivas en múltiples procesos disciplinarios impulsados por el sindicato ante hechos calificados como de “extrema gravedad”. Si bien en algunos casos las personas denunciadas fueron suspendidas preventivamente, la totalidad de los expedientes continúa pendiente, lo que —advirtieron— prolonga situaciones de daño, revictimización e impunidad.
Magistrados y funcionarios denunciados
Entre los casos señalados se encuentran los de la fiscal Mariana Albisu (Departamental Brandsen); los jueces Gastón Eduardo Echeveste (Familia N.º 3 de Florencio Varela), Alejandro Brissolese (Familia N.º 6 de San Martín), Gustavo Lullo (Familia de Lomas de Zamora), Juan José Paci (Juzgado de Paz de José C. Paz) y Mariano Riva (Departamental Mar del Plata); el fiscal José Luis Castaño (Zárate–Campana); el camarista Roberto Jorda (Morón); la jueza Otermín (Ejecución de Mercedes); y Miguel Ángel del Riego, director de Mandamientos y Notificaciones de la Suprema Corte bonaerense.
De acuerdo con la AJB, todos ellos fueron denunciados por violencia laboral, violencia de género, acoso, abuso de autoridad y graves incumplimientos de los deberes funcionales.
Gravedad institucional
El gremio remarcó que las denuncias dan cuenta de conductas reiteradas y sistemáticas que afectan la salud, la integridad y la dignidad de las y los trabajadores judiciales. Además, en algunos expedientes existen investigaciones penales en curso, lo que refuerza —según la entidad— la gravedad institucional de los hechos y la necesidad de una respuesta inmediata por parte de los organismos competentes.
Desde la AJB subrayaron que no se trata de hechos aislados, sino de prácticas estructurales que deben ser erradicadas de forma definitiva del Poder Judicial. En ese marco, advirtieron que la demora en las resoluciones debilita la credibilidad del sistema de justicia y consolida escenarios de impunidad incompatibles con una justicia democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Reclamo y continuidad de las acciones
Finalmente, la Asociación Judicial Bonaerense aseguró que continuará impulsando todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para lograr la resolución de los procesos en trámite y el apartamiento —y eventual destitución— de quienes ejercen violencia desde posiciones de poder.
“Basta de violencia laboral y de género en el Poder Judicial”, reiteraron desde la organización, que integra la CTA y la Federación Judicial Argentina (FJA).
