Un caso de bullying en una escuela bonaerense terminó con una condena a la Provincia: deberán pagar más de 20 millones de pesos
Por: Fabricio Lucio para En Línea Noticias
El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mercedes condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por los daños sufridos por un estudiante que padeció situaciones de bullying en la Escuela Técnica N°1 “Mariano Moreno” de Chivilcoy.
El fallo, contenido en casi 50 fojas, concluyó que el joven fue víctima de “situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia por parte de sus pares”, mediante agresiones físicas, burlas, golpes y humillaciones dentro del establecimiento educativo.
La sentencia fijó inicialmente una indemnización de $8 millones por daño moral, aunque con la aplicación de intereses y actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto supera actualmente los 20 millones de pesos.
Además, el juzgado declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad para permitir la actualización monetaria de la condena. En ese punto, la magistrada sostuvo que las tasas tradicionales de interés “han sido insuficientes para dar respuesta a la depreciación monetaria” registrada en los últimos años.
“Situaciones reiteradas de hostigamiento”
Uno de los puntos centrales del fallo fue determinar si existió realmente una situación de bullying o si, como planteaba la Provincia, se trató únicamente de “hechos aislados”.
Tras analizar testimonios, documentación médica y actuaciones escolares, la jueza concluyó que el hostigamiento estaba acreditado.
En la sentencia sostuvo que “ha quedado debidamente acreditado que durante su permanencia en la Escuela Técnica ‘Mariano Moreno’ el joven fue víctima de situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia por parte de sus pares”.
También afirmó que las agresiones “excedieron hechos aislados” y quedaron reflejadas en “agresiones verbales, actos de hostigamiento y situaciones de violencia”.
Según la demanda, la familia denunció que el adolescente era molestado “por ser aplicado y no plegarse a hacer lío” y que sufría “empujones”, golpes y burlas permanentes.
Uno de los episodios relatados ocurrió cuando un compañero le arrojó un borrador en el rostro durante una clase. La familia cuestionó que el docente continuara normalmente con la actividad.
“No nos daban bola”
La sentencia incorporó declaraciones de ex compañeros que describieron episodios de violencia física y hostigamiento cotidiano.
Uno de ellos afirmó que a él y al joven “los llamaban al salón para pegarnos, sin motivos” y agregó que las agresiones ocurrían tanto dentro como fuera del aula.
El mismo testigo declaró que muchas veces acudían a autoridades escolares sin obtener respuestas: “no nos daban bola, a veces nos decían que estaban ocupados y estaban tomando mates”.
Otro testimonio sostuvo incluso que algunos docentes “estimulaban para que siguiera ese hostigamiento”.
El deterioro psicológico
El expediente también reconstruyó el impacto que las situaciones denunciadas tuvieron sobre la salud mental del adolescente.
Un certificado médico incorporado a la causa diagnosticó “trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo con sintomatología de evitación social”.
La psicóloga que lo atendió declaró ante la Justicia que el joven había atravesado “mucha agresión, mucha violencia, mucha pasividad por parte de los adultos”.
La profesional agregó que uno de los aspectos más graves del caso fue “la invisibilización de los hechos de violencia”.
Según surge del expediente, el estudiante dejó de asistir regularmente a clases, permaneció bajo modalidad domiciliaria durante largos períodos y atravesó un fuerte aislamiento social.
La Dirección General de Cultura y Educación rechazó la demanda y sostuvo que no existió un caso de bullying sistemático.
La Provincia argumentó que se trató de “conductas aisladas” y señaló que el estudiante presentaba una patología previa vinculada a “fobia social”.
Además, indicó que la escuela había implementado medidas de acompañamiento mediante el Equipo de Orientación Escolar, tareas domiciliarias y cambios de curso y turno.
El fallo rechazó también el planteo de prescripción impulsado por la Fiscalía de Estado. Sobre ese punto, la jueza sostuvo que “los actores comenzaron a conocer la real dimensión de los hechos y el daño” cuando se profundizaron las consecuencias psicológicas del caso.
