El Popular: abogado de un ex trabajador rechazó la aplicación de la nueva ley laboral y dejó planteado un pedido de inconstitucionalidad
En el marco de los juicios laborales derivados del cierre de El Popular, un abogado de ex trabajadores se pronunció en contra de la aplicación de la nueva Ley de Modernización Laboral y solicitó que no sea utilizada para resolver causas en trámite.
La presentación fue realizada a finales de la semana pasada por el abogado Martín José Dambolena y ante el pedido del Tribunal de que las partes del juicio se expresen sobre la nueva normativa.
Dambolena pidió expresamente la inaplicabilidad de la Ley 27.802 al caso.
En su planteo, sostuvo que debe aplicarse la normativa vigente al momento en que se desarrolló la relación laboral y se produjo el despido. En ese sentido, afirmó: “corresponde mantener la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo según su redacción al momento de la extinción del vínculo, esto es marzo de 2023”.
El abogado fundamentó su postura en el principio de irretroactividad de la ley, señalando que las nuevas normas no pueden afectar situaciones jurídicas ya consolidadas. Según explicó: “las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario, y no pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.
En esa línea, también invocó el principio protectorio del derecho laboral y la necesidad de resguardar las condiciones más favorables para el trabajador, al sostener que una nueva norma no puede reducir derechos previamente adquiridos.
De manera subsidiaria, para el caso de que el Tribunal decida aplicar la nueva legislación, el letrado planteó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802.
Al respecto, argumentó que las modificaciones introducidas implican una reducción en la tutela de los trabajadores. En términos contundentes, expresó: “las disposiciones de la ley 27.802 reducen la protección indemnizatoria y resultan contrarias al artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Asimismo, cuestionó que la norma pueda afectar el principio de progresividad de los derechos laborales y advirtió sobre posibles impactos en los honorarios profesionales y el acceso a la justicia.
El planteo también hace referencia a antecedentes judiciales y doctrina que, según la defensa, respaldan la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos y la protección de los derechos adquiridos.
Ahora será el Tribunal de Trabajo el que deberá definir si aplica la nueva normativa, la deja de lado o incluso analiza su constitucionalidad, en decisiones que podrían resultar clave para el futuro de los juicios laborales en curso en la ciudad.
