El Concejo Deliberante aprobó la exención de la tasa de seguridad e higiene para pequeños contribuyentes
Este miércoles se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del período 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, durante la cual fue aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal destinado a otorgar una exención del 100% de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). La medida beneficia a los contribuyentes encuadrados en la categoría fija durante los períodos de agosto, septiembre y octubre de 2026, con la opción de que el intendente municipal prorrogue el beneficio por tres meses adicionales según los indicadores socioeconómicos. Aunque la votación final resultó unánime, el tratamiento del expediente generó intensas discusiones entre el oficialismo y la oposición respecto a la urgencia de los plazos, el universo de beneficiarios alcanzados y la autoría de las iniciativas de alivio fiscal.
El debate fue iniciado por el concejal oficialista Gastón Sarachu, quien fundamentó la propuesta basándose en la crisis que atraviesa el sector comercial. El edil argumentó que «el espíritu de este proyecto de ordenanza tiene que ver con traer un poco de alivio a un sector de la economía muy golpeado». Explicó que la categoría fija corresponde a «los contribuyentes de menor porte económico» y detalló que, según estadísticas nacionales y provinciales de la Secretaría de Trabajo y el EMAE, «en enero del 2026 desaparecieron en promedio 70 firmas por día en todo el país», mientras que en el orden local «en el primer trimestre del 2026 cerraron más de 25 comercios en Olavarría». Sarachu precisó que la norma alcanza a un universo de 2.955 pequeños contribuyentes, lo que representa el 46,65% del total de la base imponible del partido.
Por su parte, la concejal Guillermina Amespil adelantó el acompañamiento de su bloque señalando que «siempre las medidas de alivio son una buena noticia», aunque introdujo reparos sobre la viabilidad técnica y el alcance. Recordó un antecedente de 2024 cuando una exención parcial fue vetada por el intendente bajo el argumento de una «vulneración del principio de estabilidad presupuestaria». Asimismo, advirtió sobre el impacto de la próxima recategorización del monotributo que tendrá lugar entre el 15 de julio y el 5 de agosto: «Puede ser que la categoría fija se mueva, o sea los contribuyentes que estén alcanzados hoy puede que dentro de 20 días no». Ante esto, solicitó que se revise la medida para considerar a futuro la inclusión de los responsables inscriptos que forman parte de la categoría general pero registran baja facturación.
La oposición endureció sus críticas al cuestionar los plazos y el origen de la iniciativa. Una concejal del bloque opositor reclamó que el oficialismo «cajoneó» un proyecto idéntico presentado por su espacio hace cuatro meses, el cual proponía una exención del 100% por seis meses y prórroga por otros seis, además de eliminar otros tributos. «Nos llama poderosamente la atención que este expediente haya tenido un tratamiento muy rápido, en un tiempo récord con suma urgencia decían en las comisiones. Hace 20 días se presentó este proyecto… el mismo que presentamos nosotros hace 4 meses atrás», cuestionó la edila, atribuyendo la situación a lo que calificó como «mezquindad política». A pesar del reclamo, ratificó el voto afirmativo sosteniendo que «los comerciantes de Olavarría merecían un mayor esfuerzo sin dudas».
En sintonía con este reclamo, el concejal Nicolas Zampini de LLA argumentó que la limitación de la exención a la categoría fija deja desprotegidos a muchos comerciantes del centro que afrontan costos elevados de alquiler y empleados. Señaló que dicho segmento abarca a quienes facturan hasta 23 millones de pesos anuales (alrededor de 1,9 millones mensuales), por lo que presentó una moción para modificar el artículo primero. La propuesta buscaba extender «el beneficio a todo el universo de los contribuyentes» mediante un descuento fijo equivalente al valor de la categoría fija, establecido en 16.377 pesos, por un plazo de seis meses prorrogables. La moción de Zampini fue rechazada por mayoría con los votos negativos del bloque de Fuerza Patria, frente al apoyo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y el Partido Libertario.
Tras el rechazo de la modificación, el concejal Lascano lamentó la falta de debate en comisión para lograr una herramienta superadora y graficó el alcance real de la normativa aprobada: «Hoy en día este beneficio está alcanzado para aquellos comercios que tienen una caja menor a 80.000 pesos por día». El edil sugirió que la mayoría de los locales comerciales quedarán fuera de la exención impositiva y criticó el uso de las recorridas vecinales con fines de difusión digital. Posteriormente, la concejal Luciana Islas profundizó el malestar con el funcionamiento del cuerpo deliberativo, denunciando la existencia de un «autoritarismo legislativo». «Asistimos a un funcionamiento de concejo donde la democracia, el tratamiento de los expedientes, brilla por su ausencia. El oficialismo hoy juega al absolutismo porque los números le dan la mayoría circunstancial, pero se está confundiendo gobernar con imponer», sentenció.
Finalmente, el cierre del debate estuvo a cargo del concejal Federico Aguilera (FP), presidente del bloque oficialista, quien defendió la premura del tratamiento ligándola al calendario legislativo y a la inminencia del receso de invierno. «La urgencia del tratamiento de estos proyectos precisamente la define el contexto, la define los vecinos y la define también los tiempos administrativos», argumentó. Aguilera destacó la gestión del intendente municipal y concluyó afirmando que el objetivo es otorgar sustentabilidad a los sectores afectados por el escenario nacional: «Se busca una alternativa que no cambia estructuralmente su situación, porque hasta que no cambie la política económica a nivel nacional esto no va a cambiar, pero por lo menos se da un alivio». Concluidas las alocuciones, el proyecto fue aprobado en general y en particular como la Ordenanza 5.874/26.
