El INAES destacó la gestión institucional de Coopelectric tras la veeduría realizada en 2025
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) concluyó la veeduría realizada durante 2025 sobre Coopelectric y, en su informe final, destacó la gestión institucional de la cooperativa y su funcionamiento orgánico, en un contexto atravesado por dificultades económicas y financieras.
La intervención del organismo nacional se había dispuesto a partir de la morosidad en el pago de la compra de energía informada por CAMMESA, sumada a la delicada situación económico-financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los asociados.
Según se detalló, el proceso de veeduría implicó un seguimiento prolongado de la evolución institucional y económica, así como la verificación de las decisiones adoptadas por los órganos de administración y el control de legalidad de las actuaciones más relevantes.
En ese marco, el informe puso en valor que Coopelectric instrumentó un mecanismo formal de regularización de deuda con CAMMESA, el cual fue sometido a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, autorizando al Consejo de Administración a continuar con las gestiones correspondientes.
La situación se da en un escenario más amplio en el que distribuidoras bonaerenses acumularon deudas con CAMMESA para sostener el servicio, en medio de atrasos tarifarios y la falta de una Revisión Tarifaria Integral que contemple los costos reales de prestación.
Pese a ese contexto, el INAES remarcó que la cooperativa mantuvo su funcionamiento institucional, con la realización de asambleas, tratamiento de estados contables, renovación de autoridades y distribución de cargos. “No surge una paralización de los órganos sociales”, señala el informe.
Otro de los puntos analizados fue el conflicto en torno al proceso electoral interno. Durante el período evaluado, quedó sin efecto el llamado a elecciones debido a irregularidades detectadas en la lista opositora, vinculadas a la autenticidad de firmas, situación que derivó en una instancia judicial.
De acuerdo al informe, ese episodio fue encauzado mediante actuaciones formales, incluyendo la intervención de una escribana, intimaciones para subsanar irregularidades, informes específicos y una resolución del Consejo de Administración, todo lo cual quedó debidamente documentado.
Como conclusión, el organismo nacional consideró que la veeduría cumplió con los objetivos que motivaron su implementación y recomendó dar por finalizada la medida sobre la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría.
