Azul: Confirman la prisión preventiva de dos policías acusados de integrar una banda que comercializaba vehículos robados
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó este viernes los recursos de las defensas y confirmó la prisión preventiva de Marcelo Maximiliano González y Cristian Martín Toledo, dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acusados de integrar una organización dedicada a la adquisición, adulteración y comercialización de vehículos de procedencia ilícita.
La resolución fue dictada por los camaristas Carlos Paulino Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría que consideraron que existen elementos de convicción suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la participación de ambos imputados en los delitos de divulgación de secreto oficial y asociación ilícita, en concurso real.
La prisión preventiva había sido dispuesta el 31 de julio de 2026 por el juez de Garantías de Azul Juan José Suárez. Las defensas de Toledo y González apelaron esa decisión y solicitaron sus respectivas libertades, pero la Cámara confirmó la medida.
El uso de información de los sistemas policiales
Uno de los aspectos centrales de la resolución está relacionado con el supuesto uso de los accesos que ambos efectivos tenían, por sus funciones, a sistemas oficiales de la Policía de la Ciudad.
Según los jueces, del análisis de los teléfonos celulares secuestrados surgieron numerosas fotografías tomadas directamente sobre las pantallas de sistemas policiales, en las que podían observarse consultas sobre dominios de vehículos, antecedentes, datos personales y registros oficiales.
La Cámara sostuvo que esas imágenes aparecían identificadas con marcas de agua correspondientes a los usuarios que habían realizado las consultas y que, posteriormente, eran remitidas a terceros a través de WhatsApp. En algunos casos, esos intercambios fueron acompañados por transferencias de dinero.
Para los camaristas, esos elementos permiten sostener que la información obtenida mediante los sistemas oficiales era utilizada para favorecer la actividad de la organización investigada.
El caso de Toledo y una “plana” por la que se pagaron $5.000
Entre los elementos valorados aparece una conversación entre Jonathan Firpo y un contacto identificado como “Pedrines”, vinculada con una consulta sobre el dominio AC567PK, correspondiente a un Fiat 500.
La investigación determinó que una fotografía de la consulta realizada sobre el vehículo llevaba como marca de agua “Cristian Martín Toledo, LP 44.505”.
Además, la Cámara destacó que en los registros oficiales de la Policía de la Ciudad figura que Toledo realizó el 4 de julio de 2024 una búsqueda correspondiente a ese mismo dominio.
En la conversación analizada, Firpo solicita la “plana” y “Pedrines” le responde que debía pedirla “por otro lado” porque tenía que pagarla de inmediato. Luego aparece una transferencia de $5.000 a una cuenta vinculada a Gustavo Horacio Ávila.
Para la Cámara, la coincidencia entre la consulta registrada en el sistema policial, la fotografía remitida dentro de la organización y la marca de agua correspondiente a Toledo constituye uno de los elementos que vinculan al efectivo con la maniobra investigada.
Las consultas atribuidas a González
Respecto de Marcelo Maximiliano González, los jueces valoraron distintos elementos encontrados en su teléfono personal.
Uno de ellos corresponde a una conversación de agosto de 2025 con un contacto identificado como “Compro su auto ya”, quien le envió una fotografía de un dominio y le solicitó una “planita”. González respondió con tres fotografías tomadas de una pantalla del sistema de la Policía de la Ciudad, identificadas con su marca de agua.
Luego, el interlocutor le solicitó un alias y posteriormente le transfirió dinero. En el intercambio también aparece una referencia de González: “7 es amigo” y “Hace rato que me pasan”, expresiones que fueron ponderadas por los jueces al analizar la habitualidad de este tipo de operaciones.
La resolución también menciona otra conversación con un contacto identificado como “Alfredo Automotores”, quien le envió información sobre un dominio y recibió de González imágenes obtenidas de sistemas policiales. En ese intercambio consta una transferencia de $7.000.
En otra conversación de la misma fecha, González habría realizado consultas sobre personas mediante los sistemas RENAPER y de información policial. Después recibió una transferencia de $40.000.
La documentación secuestrada
Los camaristas también tuvieron en cuenta los allanamientos realizados en los domicilios de ambos efectivos.
En la vivienda de González se secuestraron varios teléfonos celulares, tablets, memorias y documentación vinculada con informes de sistemas de antecedentes y dominios.
Entre esa documentación, el oficial Luciano Corti señaló anotaciones relacionadas con vehículos, entre ellas una referencia a un Ford Ka con dominio adulterado y otra correspondiente al dominio LQO264, sobre el que figuraba una anotación vinculada con un pedido de secuestro.
En el caso de Toledo también fueron secuestrados varios teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Del análisis posterior de uno de ellos, los investigadores encontraron fotografías de consultas realizadas sobre sistemas de uso policial, algunas de ellas con una marca de agua que permitía vincularlas con el efectivo.
Una organización con distintos roles
La Cámara consideró que los elementos reunidos permiten sostener, en esta etapa del proceso, la existencia de una organización integrada por varias personas y con una distribución de tareas.
De acuerdo con la investigación, la estructura habría estado destinada a conseguir vehículos robados, adulterar sus numeraciones, obtener documentación apócrifa y posteriormente comercializarlos como si fueran legales.
En ese esquema, los jueces entendieron que Toledo y González habrían cumplido una función específica vinculada con la provisión de información obtenida mediante sus accesos a sistemas policiales.
La resolución destaca que la asociación investigada no habría estado limitada a hechos puntuales, sino que habría tenido cierta permanencia y organización. Para los camaristas, no resulta necesario que cada integrante participe de todas las actividades de la banda, sino que basta con que realice aportes funcionales y conozca la finalidad criminal de la organización.
Seguirán detenidos
Las defensas habían cuestionado tanto la existencia de la asociación ilícita como la participación concreta de los dos policías y la existencia de riesgos procesales que justificaran mantenerlos detenidos.
Sin embargo, la Cámara consideró que la gravedad de los delitos imputados, la pena en expectativa, la cantidad de integrantes de la organización y las características de las maniobras investigadas permiten sostener la existencia de peligro de elusión del proceso.
Por ese motivo, los jueces rechazaron los recursos de apelación y confirmaron la prisión preventiva de Marcelo Maximiliano González y Cristian Martín Toledo.
La causa continúa en etapa de investigación.
