La Suprema Corte reorganiza la custodia policial en tribunales: Las Cámaras Departamentales serán las articuladoras
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires avanzó en la implementación de un nuevo esquema para la custodia policial de los edificios judiciales, una medida que alcanzará al Departamento Judicial de Azul, del que dependen las sedes de Olavarría.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución de Presidencia RP 394/26, firmada Hilda Kogan, y se enmarca en el convenio suscripto previamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
El punto central de la resolución es la denominación del responsable policial del servicio de custodia como “Delegado del Departamento Judicial”, figura que tendrá a su cargo la organización, disposición y supervisión de los efectivos en cada jurisdicción.
En ese sentido, se dispuso que todos los órganos judiciales que cuenten con custodia deberán poner a disposición de ese delegado la totalidad del personal policial afectado, a fin de ordenar su asignación dentro del departamento.
El esquema se articula con el protocolo aprobado por la Suprema Corte, que establece el procedimiento para la gestión de pedidos de custodia policial.
De acuerdo a esa normativa, los requerimientos deberán canalizarse con intervención de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de cada departamento judicial, antes de su tramitación en el ámbito central.
En el caso del Departamento Judicial de Azul, esto incluye a los organismos con sede en esa ciudad y a las dependencias descentralizadas, como las existentes en Olavarría.
La implementación del sistema responde al convenio firmado en febrero entre la Suprema Corte y el Ministerio de Seguridad, que establece un mecanismo de coordinación para la asignación de custodias en edificios judiciales.
En ese marco, la Justicia concentra los pedidos y el Ministerio evalúa su viabilidad y modalidad de prestación según criterios técnicos y operativos.
Además, se definió como enlace institucional ante la Suprema Corte a la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, mientras que la Subsecretaría de Control de Gestión tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto.
De esta manera, el máximo tribunal bonaerense avanza en la organización del servicio de seguridad en el ámbito judicial, bajo un esquema unificado para todos los departamentos judiciales de la provincia.
